Más Madrid prepara medidas legales contra el ejecutivo de Ayuso por irregularidades en el Hospital de Torrejón

Más Madrid ha comunicado que está organizando medidas legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso debido a las acciones de la empresa que gestiona el Hospital de Torrejón de Ardoz, con el fin de ‘aumentar su beneficio económico’. El grupo político alega que estas prácticas constituyen una ‘grave vulneración de la protección del derecho a la salud y la perversión del uso de la sanidad pública madrileña, puesta al servicio del interés económico de las empresas’.

La iniciativa se anunció después de que el diario ‘El País’ divulgase un audio de Pablo Gallart, CEO del grupo sanitario Ribera, en una reunión el 25 de septiembre, donde afirmó: ‘En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino’. Gallart también precisó la necesidad de ‘hacer iteraciones’ para lograr un EBITDA ‘de cuatro o cinco millones’.

Mónica García, portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, ha enviado declaraciones a los medios, señalando que esta es una muestra más de las prácticas que su partido ha estado denunciando, realizadas por ‘empresas privadas que se benefician de esa parasitación público-privada’ y que ‘priorizan los beneficios económicos por encima de la salud de los pacientes’. García ha criticado que estas empresas eligen a los pacientes que les son más rentables, derivando los casos más complejos a la Sanidad Pública. ‘Este es el modelo del Partido Popular y para que este modelo funcione se necesita que los gobiernos del Partido Popular sean cómplices de este modelo’, declaró.

En el contexto del audio, el CEO del grupo Ribera Salud propuso incrementar las listas de espera reduciendo las intervenciones y descartando pacientes o tratamientos poco rentables para aumentar las ganancias. García ha subrayado la complicidad de Ayuso con este tipo de estrategias que ‘alimentan tanto al Grupo Rivera como al Grupo Quirón’, calificándolas de ‘absolutamente intolerable’ y asegurando que ‘no lo vamos a permitir y vamos a estudiar todas las acciones legales que sean necesarias’.