Este lunes ha irrumpido en La Paz, tras varios días de caminata desde el altiplano boliviano, una multitudinaria columna de activistas sociales, comunidades indígenas y organizaciones sindicales en el marco de la huelga general contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y sus medidas, integrada en la denominada “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia”.
Los manifestantes han accedido a la capital en distintas columnas y se han encaminado hacia la plaza Murillo, donde se ubica el Palacio de Gobierno, con el objetivo declarado de lograr la dimisión del presidente Paz, pese al fuerte dispositivo de seguridad con militares y policías que blinda la sede del poder ejecutivo.
La llegada de las marchas ha provocado la intervención de las fuerzas de seguridad, que han utilizado agentes químicos en forma de gas para dispersar a los concentrados. Por ahora se ha confirmado un herido en esta jornada, aunque el balance oficial desde el inicio de las protestas hace 15 días eleva a cuatro los fallecidos.
Tras casi cinco horas de choques, en los que se han empleado gases lacrimógenos, dinamita, petardos, palos y piedras por parte de marchistas y policías, los grupos movilizados se han replegado hacia El Alto y el centro paceño ha recuperado una relativa tranquilidad.
En las principales calles y avenidas cercanas a la plaza Murillo han quedado las huellas de la confrontación, con neumáticos ardiendo y barricadas levantadas por los manifestantes para contener a los uniformados. Desde el Ministerio de Gobierno han denunciado el asalto y saqueo de varias instituciones públicas, entre ellas la sede de Derechos Reales.
Las autoridades han dictado además orden de detención contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), una de las organizaciones clave en la convocatoria de la huelga y de los bloqueos que mantienen prácticamente paralizadas La Paz y El Alto desde hace dos semanas.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, ha ratificado la emisión de la orden de aprehensión contra Argollo, fechada el 17 de mayo, por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y terrorismo. La ejecución de la orden queda ahora en manos de la Policía “para poner a disposición del Ministerio Público a esta persona”, ha señalado Mariaca.
Desde la COB han denunciado la “persecución judicial” y han llamado a sostener las protestas. “No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido. Nos están queriendo acallar como dirigencia con acciones populares y demandas penales”, ha manifestado el propio Argollo en un mensaje difundido en redes sociales.
También se ha librado orden de captura contra Justino Apaza Callisaya, dirigente social de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, al que se atribuyen seis delitos, entre ellos instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Cuatro muertos desde el inicio de las protestas
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, ha confirmado este lunes el fallecimiento de una persona que participaba en los bloqueos que mantienen cercadas La Paz y la vecina ciudad de El Alto, lo que eleva a cuatro las víctimas mortales desde que comenzaron las movilizaciones hace 15 días.
“Hay un fallecido, que es un bloqueador, un mallku (dirigente campesino) de la zona de los Ponchos Rojos, que al correr se cayó en una zanja que ellos mismos hicieron (...). Se cayó en un hueco, fue así de paradójico, y ahí tuvo un golpe mortal y murió”, ha explicado Paredes en declaraciones al diario ‘El Deber’.
Antes, el portavoz presidencial José Luis Gálvez había identificado al fallecido como Alberto Cruz Chinche. “Queremos ser enfáticos en que su deceso no fue por uso de arma letal o asfixia por gases. Ni siquiera tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden, ni policías ni militares. Nos preocupa que su sensible fallecimiento sea atribuido falsamente al operativo de apertura del corredor humanitario que se hizo” el sábado, declaró Gálvez.
El dirigente campesino se convierte así en la cuarta víctima mortal en el marco del bloqueo indefinido de carreteras que mantiene sitiadas las ciudades de El Alto y La Paz. La primera muerte registrada por las autoridades fue la de Anna Enss, una extranjera de 56 años procedente de Bélice, que perdió la vida por problemas de salud al no poder ser trasladada a un hospital a tiempo.
En circunstancias similares falleció Nelly Villanueva. El 14 de mayo se notificó la tercera víctima, una joven de 20 años que murió en El Alto.
Gálvez, el portavoz presidencial, ha denunciado que algunos sectores movilizados hacen “uso de armas”. “Hoy llega a La Paz la marcha de los cocaleros y de Evo Morales. Ese es el hecho noticioso más importante del día, pero queremos denunciar que, lamentablemente, se han identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas y eso sí nos tiene preocupados”, ha indicado.
En este sentido, ha mostrado un vídeo difundido en redes sociales en el que se observa a un grupo armado de personas con ponchos rojos en el altiplano. Entre ellos estaría, según Gálvez, Bernabé Gutiérrez Paucara, “exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la pasada gestión”.
Gálvez ha advertido que quienes inciten a la violencia y “todo aquel que tenga o sea portador de algún arma o dinamita” serán detenidos por las fuerzas del orden. Además, ha subrayado que se ha desplegado un amplio contingente policial y militar en la plaza Murillo, donde se localiza el Palacio de Gobierno y donde, según ha revelado, permanece también el propio presidente Paz.
Excandidato detenido con explosivos
El viceministro Paredes ha informado igualmente de la detención, en la noche del domingo, de un antiguo candidato que portaba “explosivos letales”. “Llevaba en su mochila dinamitas y mechas, es decir, implementos que son letales para cualquier actividad humana”, ha asegurado.
Por ahora no han trascendido más datos sobre su identidad. “No podemos dar su nombre (y) tampoco mostrar su cara ni su identidad porque el Código Penal establece que debe respetarse un principio de presunción (de inocencia, aunque) en este caso fue hallado en flagrancia”, ha argumentado.
Paredes ha criticado que “mientras el Ejército y la Policía evitan usar armas letales, hay personas que están en los bloqueos, en las marchas, de manera absolutamente delincuencial e ilegal, usando armas letales”.
El viceministro ha añadido, por otra parte, que en medio de las protestas se están moviendo importantes sumas de dinero procedentes de Chapare y que ya se han abierto investigaciones para determinar su origen.