La Fiscalía de Perú ha presentado una solicitud este viernes para retirar el pasaporte a Dina Boluarte, expresidenta del país, durante periodos de 18 y 36 meses, relacionados con dos de las siete investigaciones por corrupción que enfrenta tras su destitución por el Congreso.
La primera acusación, que conlleva una restricción de 18 meses, se debe a un presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, vinculado a su intervención en la selección de funcionarios del Ministerio de Salud y en transacciones económicas que favorecieron a terceros a cambio de tratamientos estéticos.
En otro caso, la fiscalía encargada de delitos económicos ha extendido la prohibición a 36 meses por un posible delito de lavado de activos relacionado con Vladimir Cerrón, político prófugo acusado de liderar una red de corrupción en contrataciones públicas a cambio de sobornos.
Estas medidas buscan mitigar el riesgo de que Boluarte pueda fugarse, una especulación que ha aumentado tras la reciente moción de censura. Sin embargo, el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, ha declarado en su cuenta de X que “ella está en su casa; ese fue y será su paradero”, y ha enfatizado que su cliente se someterá a las autoridades competentes cuando sea necesario.
El abogado también ha criticado a los medios por su cobertura del caso, instando a un periodismo más veraz y responsable: “Dejen el delirio informativo al lado y construyan un periodismo veraz, educador y responsable”. Boluarte, ahora sin inmunidad, se enfrenta no solo a estas acusaciones, sino también a cargos relacionados con la muerte de 49 personas en protestas y un supuesto cohecho pasivo por posesión de joyas y relojes de lujo.