QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, la Comisión Europea ha emitido críticas severas hacia el gobierno georgiano, aludiendo a un alejamiento significativo de los ideales y políticas de la Unión Europea. El informe anual sobre la ampliación de la UE ha destacado la adopción por parte de Tiflis de un enfoque autoritario y represivo, evidenciando un uso del sistema judicial para reprimir a la ciudadanía y difundir desinformación y teorías prorrusas.
El documento señala directamente al primer ministro Irakli Kobajidze y al partido gobernante Sueño Georgiano, criticando su retroceso en áreas clave como la gobernanza democrática y la lucha contra la corrupción. Además, resalta la falta de progreso en la reforma judicial, la libertad de expresión y el desalineamiento con la política exterior de la UE.
“En lugar de demostrar compromiso con una mayor integración en la UE y de avanzar en las reformas necesarias, Georgia se desvió aún más del camino hacia la Unión Europea”, indica el informe, omitiendo las habituales recomendaciones de adhesión por la necesidad de concentrarse en la profundización democrática esencial.
El informe también acusa a las autoridades georgianas de participar en la difusión de narrativas antieuropeas. “Aunque han seguido declarando que la integración en la UE es su principal prioridad, las autoridades georgianas han recurrido sistemáticamente a una retórica hostil contra la UE, a narrativas manipuladoras y a teorías conspirativas, que a menudo reflejan la desinformación de tipo ruso”, expone el texto.
Respecto a la política exterior, el documento destaca el incumplimiento de sanciones importantes contra Rusia, Bielorrusia e Irán, y una reducción en la participación en misiones europeas, con un descenso en la alineación de la política exterior al 40% desde el 53% del año pasado.
USO DE LA JUSTICIA PARA “IMPONER UN SISTEMA DE REPRESIÓN”
El informe también denuncia la persecución de organizaciones financiadas por la UE para “justificar la represión de la sociedad civil y presentar a los actores proeuropeos como servidores de intereses externos”. Se critica el uso de leyes y cambios normativos que apuntan a la sociedad civil, medios independientes y ciudadanos bajo el pretexto de combatir la injerencia extranjera, cerrando el cerco a organizaciones democráticas en lugar de combatir la desinformación foránea.
