El responsable de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, ha presentado este martes su dimisión tras las irregularidades detectadas durante la jornada electoral del 12 de abril, una renuncia que se produce pocas horas antes de su citación ante la Fiscalía por estos hechos.
En una carta remitida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Corvetto explica que, "Luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana durante la jornada electoral del último 12 de abril (...) considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada", misiva en la que el organismo ya ha aceptado su salida.
El ya exjefe de la ONPE confía en que su renuncia "contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones" y se ha mostrado seguro de que su sucesor permitirá "construir un contexto político adecuado" de cara a la segunda vuelta de las presidenciales, fijada para el próximo 7 de junio.
En el mismo documento, Corvetto sostiene que ha "cumplido con integridad (su) función" desde su nombramiento al frente de la ONPE en 2020. Asegura que "Me preparé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo".
El exdirector también pide "una investigación imparcial y exhaustiva" para aclarar el origen de los fallos, que, según subraya, no guardan relación con la "competencia interna" de la institución, y manifiesta su "total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan".
Corvetto debe comparecer este mismo martes ante la Fiscalía, a las 16.00 horas (hora local, 23.00 horas en España peninsular y Baleares), donde tendrá que entregar su pasaporte, de acuerdo con la información publicada por el diario peruano ‘La República’. Además, está siendo investigado por la JNJ por las anomalías del 12 de abril, que impidieron votar a 63.300 ciudadanos y obligaron a prolongar la jornada electoral un día más.