Estados Unidos ha expresado su firme rechazo al ataque llevado a cabo por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra el aeropuerto de Jartum, capital de Sudán, y ha reiterado su llamamiento a “una tregua humanitaria” en el conflicto que desde abril de 2023 enfrenta al Ejército sudanés con el grupo paramilitar, una guerra que ha precipitado al país africano a una grave crisis.
El asesor especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, subrayó en un mensaje difundido en redes sociales que “los objetos civiles no deben ser atacados” y destacó que “los aeropuertos civiles son especialmente clave para el movimiento de suministros y personal humanitario”.
“Ataques como este crean un nuevo obstáculo para el acceso humanitario, que se necesita de forma desesperada. Estos ataques deben cesar; las partes beligerantes deben aceptar una tregua humanitaria, avanzar hacia un alto el fuego permanente y facilitar la transición a un gobierno civil basado en un diálogo nacional inclusivo”, añadió el responsable estadounidense.
En la misma línea, recalcó que tanto el Ejército como las RSF “deben reconocer que no hay una solución militar a este mortífero conflicto” e insistió en que “el apoyo externo” a las partes “debe detenerse de forma inmediata e inequívoca”. “Cualquier asistencia continuada que permita los combates implica una responsabilidad directa en la prolongación del conflicto y el sufrimiento del pueblos sudanés”, remachó.
A estas críticas se ha sumado el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, que ha condenado “en los términos más enérgicos” los ataques contra el aeropuerto de Jartum y ha abogado por “restablecer la seguridad y la estabilidad” en Sudán, según un comunicado difundido por el Ministerio a través de sus cuentas oficiales.
Las autoridades sudanesas han señalado directamente a Etiopía y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) por su presunto respaldo a las RSF y su implicación en el ataque contra las instalaciones aeroportuarias, acusaciones rechazadas por Adís Abeba. Como respuesta, Jartum llamó a consultas a su embajador en Etiopía tras afirmar que disponía de pruebas concluyentes sobre la participación de las autoridades etíopes en estos hechos.
El portavoz de las Fuerzas Armadas de Sudán, Asim Auad Abdeluahab, detalló que los datos obtenidos de un dron derribado el 17 de marzo permitieron concluir que pertenecía a EAU y que había operado desde territorio etíope. Además, indicó que entre el 1 y el 4 de mayo se detectó otro dron despegado desde el aeropuerto etíope de Bahir Dar que penetró hasta Yebel Aulia, desde donde habría atacado el aeropuerto de Jartum antes de ser abatido.
Cinco muertos en un ataque con drones en Nilo Blanco
En un incidente separado, al menos cinco personas han perdido la vida y cerca de diez han resultado heridas en un ataque con drones atribuido a las RSF contra dos gasolineras en la localidad de Kosti, en el estado de Nilo Blanco, en el sur del país, según denunció la organización civil Sudan Doctors Network en un comunicado difundido en redes sociales.
La entidad señaló que “este ataque deliberado con drones es parte de los repetidos ataques contra instalaciones civiles, incluida infraestructura vital de la que dependen los ciudadanos para su día a día”, mientras las RSF no se han pronunciado todavía sobre lo ocurrido.
“Esto supone una clara violación del Derecho Internacional Humanitario, que obliga a la protección de civiles y objetos civiles”, agregó la organización, antes de subrayar que este tipo de acciones “incrementan el sufrimiento de los civiles, en medio de unas condiciones humanitarias cada vez más deterioradas”.
En este contexto, hizo hincapié en que “la continuación de este tipo de ataques agrava las crisis sanitarias y de subsistencia, al tiempo que socava cualquier esfuerzo por brindar incluso los servicios básicos más esenciales a la ciudadanía”, y reclamó a la comunidad internacional que “asuma sus responsabilidades ante estas graves violaciones”.
La Sudan Doctors Network exigió por ello la adopción de medidas contra los dirigentes de las RSF para que “rindan cuentas por los crímenes cometidos contra civiles”, así como “una presión real y efectiva para detener los ataques contra la infraestructura civil y garantizar la protección de la población civil, de conformidad con las leyes y convenciones internacionales”.
La guerra civil estalló el 15 de abril de 2023 por las profundas discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en las Fuerzas Armadas, lo que hizo descarrilar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, un camino ya debilitado después del golpe que depuso en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, en el que varios países han intervenido apoyando a las distintas facciones, ha sumido a Sudán en una de las peores emergencias humanitarias del planeta, con millones de desplazados y refugiados y una creciente alarma internacional por la propagación de enfermedades y los graves daños a infraestructuras esenciales, que impiden asistir a cientos de miles de personas afectadas.