El Consejo de Seguridad de la ONU ha censurado este viernes “en los términos más enérgicos” la reciente cadena de ataques llevados a cabo en Malí desde finales de abril, una ofensiva atribuida a grupos yihadistas y facciones separatistas tuareg que ha causado decenas de fallecidos y heridos en varias zonas del país, incluida la capital, Bamako.
En un comunicado, los integrantes del órgano han condenado los “atroces y cobardes atentados terroristas” perpetrados tanto el 25 de abril como en los días posteriores, entre ellos los del seis de mayo, y han expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas, así como al pueblo y a las autoridades de Malí. Igualmente, han trasladado sus deseos de una “pronta y completa recuperación” a todos los heridos.
El Consejo de Seguridad ha remarcado de nuevo que “el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales” y ha reclamado que los responsables de estos ataques sean llevados ante la Justicia.
En esta línea, los miembros del Consejo han destacado “la necesidad de exigir responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores” de los atentados y han instado a todos los Estados a cooperar de forma activa con las autoridades malienses, de conformidad con el Derecho Internacional y con las resoluciones vigentes de Naciones Unidas.
La declaración se produce tras la ofensiva coordinada lanzada a finales de abril por grupos armados islamistas y movimientos separatistas tuareg contra Bamako y otras áreas del territorio, en una de las mayores escaladas de violencia registradas en el país en los últimos años.
Después de los ataques, el primer ministro de Malí denunció un intento de “tomar el poder por la fuerza”, mientras el Gobierno reforzaba las medidas de seguridad tanto en la capital como en diversos puntos estratégicos del país.
La situación se deterioró aún más días más tarde, tras conocerse la muerte del ministro de Defensa en el contexto de la ofensiva, lo que llevó al jefe de la junta militar, Assimi Goita, a asumir de manera provisional las competencias de esta cartera en plena crisis de seguridad.
A comienzos de mayo, Naciones Unidas ya había pedido a las autoridades malienses que investigaran “todos los actos de violencia” cometidos desde el arranque de la ofensiva, incluidas las acusaciones de abusos durante las operaciones militares y los choques con los grupos armados.
Ahora, el Consejo de Seguridad reitera que “cualquier acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación”, y recuerda la obligación de los Estados de combatir estas amenazas “por todos los medios”, en coherencia con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario.