Andri Yermak, antiguo jefe de Gabinete de Ucrania y durante años uno de los colaboradores más influyentes del presidente Volodimir Zelenski hasta su caída en desgracia, ha abandonado este lunes la cárcel después de depositar una fianza de 140 millones de grivnas (2,7 millones de euros), dentro de una causa abierta por presunto blanqueo de capitales.
El servicio de prensa del Tribunal Supremo Anticorrupción lo ha confirmado, según han difundido diversos medios y agencias ucranianas. La salida de Yermak se produce apenas cuatro días después de que un magistrado ordenara su ingreso en prisión preventiva por un periodo mínimo de 60 días, medida que podía eludir si reunía la elevada suma fijada como fianza.
Pese a quedar en libertad, Yermak seguirá sometido a estrictas medidas cautelares: deberá llevar una tobillera electrónica, entregar su pasaporte a las autoridades, acudir a las citaciones judiciales cuando sea requerido y no podrá salir de la ciudad de Kiev sin un permiso expreso. También tiene vetado cualquier contacto con otros investigados en el procedimiento.
Yermak, quien dimitió a finales de 2025 en medio del escándalo de corrupción del caso “Midas”, figura como sospechoso de integrar una red dedicada a blanquear hasta 8,9 millones de euros procedentes de sobornos en el sector energético, fondos que se habrían canalizado mediante la construcción de promociones de viviendas de lujo en las afueras de la capital ucraniana.
La agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) ha señalado que cinco de los siete investigados han sido ya arrestados. Los otros dos no han podido ser detenidos al encontrarse fuera del territorio ucraniano, entre ellos Timur Mindich, considerado cabecilla del caso “Midas” y copropietario de Kvartal 95, la productora creada junto a Zelenski en su etapa de humorista previa a su llegada a la presidencia.
De acuerdo con la investigación, Mindich actuaba como principal responsable de una estructura que exigía sobornos a contratistas de Energoatom, la compañía estatal que gestiona las centrales nucleares del país, por un montante total de 90 millones de euros. Esta trama habría contado con el respaldo de varios altos cargos del entonces Gobierno de Zelenski, entre ellos los ministros de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko.