El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha acusado a las movilizaciones que han estallado esta semana contra su Ejecutivo, protagonizadas principalmente por los mineros del país, de estar siendo utilizadas por ciertos sectores para “desmontar” la democracia boliviana, y ha advertido de penas de cárcel para quienes aprovechen el descontento social con el fin de desestabilizar el país.
“Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática”, ha declarado Paz este viernes durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026, donde ha defendido la legitimidad de su Gobierno frente a las actuales movilizaciones.
Las protestas están lideradas por la Central Obrera Bolivia (COB), el principal sindicato del país, y por el movimiento indígena de Los Ponchos Rojos, integrado por campesinos y trabajadores, que se han situado en la primera línea de las acciones de presión contra el Ejecutivo.
Junto a ellos, desempeña un papel clave la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz, que en las últimas horas ha lanzado un ultimátum al Gobierno para que responda a las reivindicaciones de los manifestantes, que han tomado las calles, bloqueado varias de las rutas de transporte más importantes y mantenido choques con la Policía nacional en un contexto de fuerte crisis marcada, entre otros factores, por la falta de gasolina.
Paz, que afronta múltiples exigencias de renuncia pese a haber asumido la Presidencia hace solo seis meses, ha insistido en que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes busquen quebrar el orden constitucional. “Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel”, ha señalado, antes de reivindicar su gestión como un punto de inflexión frente al “partido único” que, según ha recordado, encarnaba el Movimiento al Socialismo de Evo Morales.
En esta misma línea, el jueves, el portavoz del Gobierno, José Luis Gálvez, denunció la existencia de un “plan macabro” presuntamente financiado por el narcotráfico, y responsabilizó al expresidente Evo Morales y a dirigentes afines de impulsar bloqueos y movilizaciones para desestabilizar el país y, como ha reiterado el propio presidente en su intervención de este viernes, “romper la democracia”.