La fiscal adjunta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Nazhat Shameem, ha pedido a las autoridades libias que refuercen de forma sustancial su cooperación judicial con la corte de La Haya, en el contexto del procedimiento abierto contra Jaled el Hishri, miliciano acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por su actuación como carcelero en la prisión de Mitiga.
“El nivel de cooperación de las autoridades libias no es uniforme. Si bien se han dado pasos importantes en algunos ámbitos, en otros se observa estancamiento, e incluso retroceso. Espero, en particular, que el impulso percibido esta semana en La Haya sirva de catalizador para una mayor cooperación y colaboración”, ha señalado en una comparecencia telemática ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, ha reconocido la implicación de las máximas autoridades del país norteafricano y ha trasladado su agradecimiento al presidente del Consejo Presidencial, Mohamed al Menfi, y al primer ministro, Abdul Hamid Dbeibé, “por la sólida cooperación y el apoyo brindados desde sus oficinas”. Shameem ha puesto igualmente en valor la “importante labor” desempeñada por el embajador de Libia en Países Bajos, Zeiad Daghim.
La fiscal adjunta ha subrayado que “es fundamental, en particular, que recibamos una mejor comunicación y una respuesta más contundente con respecto a la detención de los sospechosos que, según nuestra oficina, permanecen actualmente en Libia. No hacerlo representa una clara violación del mandato otorgado por este Consejo”. En su opinión, un trabajo más estrecho entre el TPI y el Ejecutivo libio permitirá “reducir el margen para cometer atrocidades, exigir responsabilidades a los perpetradores y, por ende, fortalecer las bases para la estabilidad y la paz en Libia”.
Ha añadido que “junto con nuestra sólida colaboración con la sociedad civil, esto representa una nueva coalición para la rendición de cuentas en Libia, en el marco jurídico establecido por la resolución 1970 (2011)”, mensaje que ha remarcado ante los miembros del Consejo de Seguridad.
El proceso contra el carcelero de Mitiga
En relación con el caso que afecta a El Hishri, Shameem ha explicado que el acusado ha tenido que escuchar durante tres días “las voces de muchos libios directamente afectados por sus presuntos crímenes” y que daban por hecho que “esos días ante el TPI nunca llegarían”.
La representante del tribunal ha descrito el testimonio de las víctimas como estremecedor: “Voces que hablaban de un sufrimiento profundo: de ser tiroteados y azotados, de estar suspendidos en el techo, arrastrados por sus cabellos, violados y golpeados hasta sangrar, de niños presenciando la violencia infligida a sus madres, y de esos mismos niños siendo golpeados, torturados, fusilados y violados”.
Según Shameem, la cárcel de Mitiga —donde migrantes negros eran “esclavizados, retenidos en condiciones deshumanizantes y sometidos a extrema violencia física, psicológica, sexual y reproductiva, incluida tortura”— funcionaba como un “sistema diseñado para infligir un dolor extremo, una humillación profunda y, en última instancia, destruir las vidas de los detenidos”.
La fiscal adjunta ha dirigido un aviso directo a todos los implicados en estos abusos: “A los responsables de presuntos crímenes contra el Estatuto de Roma en Libia, a quienes los perpetraron, a quienes los facilitaron y ordenaron, tenemos un mensaje simple: sepan que nuestra oficina sigue comprometida con la rendición de cuentas por sus actos”.
El Hishri formó parte de las milicias conocidas como Fuerza de Disuasión (Rada), alineadas con el Gobierno de unidad establecido en Trípoli, y llegó a ser uno de los altos responsables de la prisión de Mitiga, donde se encontraban retenidos mujeres y menores.
Está imputado por 17 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, presuntamente cometidos entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2020. Fue detenido el 16 de julio de 2025 por las autoridades alemanas, en cumplimiento de una orden de arresto emitida bajo secreto por el TPI.
Avances en los casos de crímenes contra migrantes
En otro plano, Shameem ha celebrado el progreso de la investigación sobre los crímenes cometidos contra migrantes procedentes del Cuerno de África en territorio libio, que avanza a “un ritmo positivo” gracias a la “excelente colaboración con diversas autoridades nacionales”, así como al trabajo conjunto con Europol.
Ha recordado que “el 27 de enero de este año, Tewelde Goitom, ciudadano eritreo, fue condenado en un tribunal de distrito neerlandés a 20 años de prisión por tráfico de personas y extorsión a migrantes y refugiados en Libia. Un segundo acusado, Kidane Zakarias Habtemariam, acusado de delitos similares, ha sido extraditado recientemente de Emiratos Árabes Unidos a Países Bajos para ser juzgado”.
En este contexto, ha valorado que las normas del Derecho internacional “cobran vida” en los tribunales neerlandeses para las víctimas libias. “Seguimos firmemente comprometidos con ampliar aún más el apoyo que brindamos a las autoridades nacionales en todas las situaciones abordadas por el TPI”, ha concluido.