Estados Unidos ha anunciado una nueva ronda de sanciones contra Cuba que amplía la presión sobre el Gobierno de La Habana al dirigirse directamente contra figuras clave del aparato político, policial y de inteligencia del país.
Las medidas, adoptadas por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), afectan tanto a altos cargos del Ejecutivo cubano como a instituciones centrales del sistema de seguridad del Estado.
Entre los sancionados se encuentran la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, así como el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Juan Esteban Lazo Hernández.
También han sido incluidos en la lista el director de la Policía, Óscar Alejandro Callejas Valcarce, y el dirigente del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, uno de los principales responsables de la estructura organizativa del partido.
Un golpe directo al núcleo institucional del Estado cubano
Las nuevas sanciones no se limitan a individuos, sino que amplían su alcance a entidades consideradas estratégicas dentro del aparato de seguridad del Estado. En la lista figuran la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el Ministerio del Interior (MinInt) y la Dirección de Inteligencia cubana, conocida como G2, estructuras clave en el control policial y político del país.
El Departamento del Tesoro justifica estas medidas como parte de una estrategia de presión sostenida sobre el Gobierno cubano, en un contexto de tensiones diplomáticas prolongadas y desacuerdos en materia de derechos humanos y libertades políticas.