QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El equipo legal de las Fuerzas de Defensa de Israel ha expresado serias dudas sobre la efectividad del contralor general, Matanyahu Englman, para dilucidar los errores de seguridad relacionados con los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Además, han argumentado que ciertas investigaciones deben ser llevadas a cabo únicamente por una comisión especial.
Este lunes, el servicio jurídico de las FDI ha elevado una queja ante el Tribunal Supremo en relación a varias acciones que Englman había iniciado recientemente para proseguir con su indagación, a pesar de las solicitudes de medidas cautelares por parte del estamento militar.
Recientemente, la oficina de Englman, según anunció él mismo, se ha comunicado con altos mandos militares para que respondan diversas preguntas antes de presentarse a ser interrogados sobre los sucesos de aquel día.
Englman, por su parte, ha criticado que las FDI sigan cuestionando su investigación y que continúen sin prestar toda la colaboración necesaria. «Nada nuevo bajo el sol en los intentos de la Oficina del Abogado Militar General de obstaculizar la auditoría mientras intenta socavar a un ‘guardián’ que opera bajo la ley», expresó con descontento.
«Es inapropiado y muy grave que los uniformados se pongan en guardia y ataquen a los guardianes, como lo está haciendo en estos momentos el Abogado Militar General», señaló la Contraloría en un comunicado recogido por ‘The Times of Israel’.
Englman describió las últimas actualizaciones de las FDI sobre los eventos del 7 de octubre de 2023 como «medias verdades» y reafirmó que, a pesar de todo, se investigará a todos los altos mandos que puedan tener algún tipo de responsabilidad, ya sean políticos, civiles, o militares.
La semana pasada, Englman ya había advertido que «todos están obligados» –incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu– a colaborar con esta investigación, que por primera vez señala a los líderes y responsables políticos por aquel trágico episodio en el que murieron alrededor de 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas.
La investigación de Englman comenzó en enero de 2024, aunque tuvo que ser pausada durante quince meses debido a la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza, que ha resultado en la muerte de más de 62.700 palestinos.
Aunque la investigación de la Contraloría es la única autorizada, el Gobierno ha insistido en que no se pueden cuestionar las decisiones políticas mientras continúe la operación militar en el enclave palestino.
No obstante, desde la oposición se ha criticado la formación jurídica de Englman, así como su relación con el Gobierno de Netanyahu, como factores que podrían influir en su decisión final.
