Una multitudinaria columna de activistas sociales, comunidades indígenas y representantes sindicales procedente del altiplano boliviano ha llegado este lunes a La Paz en el marco de la huelga general contra el presidente Rodrigo Paz y sus medidas de gobierno, dentro de la denominada “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia”.
Tras más de 30 días de caminata, varias columnas han conseguido entrar en la capital y avanzan hacia la plaza Murillo, donde se ubica el Palacio de Gobierno, con el objetivo explícito de forzar la dimisión de Paz, pese al fuerte dispositivo de seguridad con militares y policías que blinda la sede del poder ejecutivo.
La irrupción de los manifestantes ha provocado la actuación de las fuerzas del orden, que han recurrido al uso de agentes químicos en forma de gas para dispersar a la multitud. Por el momento se ha notificado un afectado en este episodio concreto, aunque el balance oficial desde el arranque de las protestas hace ya 15 días se mantiene en cuatro fallecidos.
Las autoridades han dictado además una orden de detención contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales organizaciones que impulsan tanto la marcha como el paro que mantiene bloqueadas La Paz y la vecina ciudad de El Alto desde hace dos semanas.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, ha confirmado que la orden de aprehensión contra Argollo fue emitida el 17 de mayo por presuntos delitos de instigación pública a delinquir y un posible cargo de terrorismo. La ejecución del mandato judicial queda ahora en manos de la Policía “para poner a disposición del Ministerio Público a esta persona”, ha señalado Mariaca.
Desde la COB han denunciado una “persecución judicial” y han llamado a sostener la protesta en las calles. “No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido. Nos están queriendo acallar como dirigencia con acciones populares y demandas penales”, ha manifestado el propio Argollo en un mensaje difundido en redes sociales.
Cuatro fallecidos desde el inicio de las movilizaciones
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, ha confirmado este lunes la muerte de una persona que participaba en los bloqueos que cercan La Paz y El Alto, convirtiéndose en la cuarta víctima mortal desde que comenzaron las movilizaciones hace 15 días.
“Hay un fallecido, que es un bloqueador, un mallku (dirigente campesino) de la zona de los Ponchos Rojos, que al correr se cayó en una zanja que ellos mismos hicieron (...). Se cayó en un hueco, fue así de paradójico, y ahí tuvo un golpe mortal y murió”, ha explicado Paredes en declaraciones al diario ‘El Deber’.
Antes, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, había identificado al fallecido como Alberto Cruz Chinche. “Queremos ser enfáticos en que su deceso no fue por uso de arma letal o asfixia por gases. Ni siquiera tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden, ni policías ni militares. Nos preocupa que su sensible fallecimiento sea atribuido falsamente al operativo de apertura del corredor humanitario que se hizo” el sábado, declaró Gálvez.
Este dirigente campesino se suma a otras tres muertes registradas durante el bloqueo indefinido de carreteras que mantiene aisladas a El Alto y La Paz. La primera víctima reconocida por las autoridades fue Anna Enss, una ciudadana extranjera de 56 años originaria de Bélice, que falleció por complicaciones de salud al no poder ser trasladada a tiempo a un hospital.
En circunstancias parecidas murió Nelly Villanueva, mientras que el 14 de mayo se informó de una tercera víctima, una joven de 20 años que perdió la vida en El Alto.
Gálvez, portavoz de la Presidencia, ha denunciado además que ciertos grupos de manifestantes recurren al “uso de armas”. “Hoy llega a La Paz la marcha de los cocaleros y de Evo Morales. Ese es el hecho noticioso más importante del día, pero queremos denunciar que, lamentablemente, se han identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas y eso sí nos tiene preocupados”, ha advertido.
En este sentido, ha mostrado un vídeo difundido en redes sociales en el que se observa a un grupo armado de personas con ponchos rojos en el altiplano. Entre ellos estaría, según Gálvez, Bernabé Gutiérrez Paucara, “exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la pasada gestión”.
El portavoz ha insistido en que quienes incentiven la violencia y “todo aquel que tenga o sea portador de algún arma o dinamita” serán arrestados por las fuerzas de seguridad. También ha subrayado la presencia de un amplio contingente policial y militar en la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y, según ha indicado, también el propio presidente Paz.
Detenido un excandidato con dinamita
El viceministro Paredes ha informado igualmente de la detención, en la noche del domingo, de un antiguo candidato que portaba “explosivos letales”. “Llevaba en su mochila dinamitas y mechas, es decir, implementos que son letales para cualquier actividad humana”, ha asegurado.
Por ahora no se han ofrecido más datos sobre su identidad. “No podemos dar su nombre (y) tampoco mostrar su cara ni su identidad porque el Código Penal establece que debe respetarse un principio de presunción (de inocencia, aunque) en este caso fue hallado en flagrancia”, ha argumentado.
Paredes ha reprochado que “mientras el Ejército y la Policía evitan usar armas letales, hay personas que están en los bloqueos, en las marchas, de manera absolutamente delincuencial e ilegal, usando armas letales”.
El viceministro ha añadido, por otro lado, que en el contexto de las protestas se están moviendo importantes sumas de dinero procedentes de Chapare y que ya se han abierto investigaciones para esclarecer su origen.