Las autoridades iraníes han declarado recientemente que la implementación de la pena de muerte se encuentra «limitada a nivel judicial» y se aplica exclusivamente a los delitos «más graves». Con estas declaraciones, han desestimado las observaciones críticas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha instado a detener esta práctica.
Esmail Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, subrayó que en Teherán, la pena de muerte se aplica de manera «muy limitada», utilizándose solamente en situaciones específicas, aunque desde la ONU se ha señalado un incremento en el número de ejecuciones.
Anteriormente, Turk había expresado su preocupación por los informes de la ONU que indican que, en solo la primera mitad de 2025, al menos 612 personas fueron ejecutadas en Irán, lo que supone más del doble de la cifra registrada en el mismo lapso del año anterior. «Es alarmante ver estas informaciones, que apuntan a que 48 personas siguen a la espera de ser sometidas a la pena capital, 12 de las cuales hacen frente a un riesgo inminente de ser ejecutadas», declaró Turk en un comunicado.
Además, hizo hincapié en que más del 40 por ciento de los ejecutados durante este año fueron sentenciados por delitos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, advirtió que muchos de ellos fueron acusados por delitos «vagos», incluyendo cargos como «corrupción en la tierra», frecuentemente empleados para «acallar a los disidentes».