La Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha reconocido que la Comisión Europea todavía no ha planteado formalmente la activación del Estatuto de Bloqueo, tal y como reclamó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, debido a la ausencia de acuerdo entre los Estados miembro.
Con estas palabras, la jefa de la diplomacia comunitaria ha rebajado las expectativas sobre la iniciativa que el líder del Ejecutivo español trasladó a Bruselas a comienzos de mayo para impedir que las sanciones de Estados Unidos contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y contra los jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigan el genocidio en la Franja de Gaza tengan efectos dentro de la Unión Europea.
“No tenemos acuerdo sobre el Estatuto de Bloqueo, y por eso no lo hemos puesto sobre la mesa”, ha contestado Kallas a una cuestión planteada por la eurodiputada del PSOE Hana Jalloul, durante el pleno del Parlamento Europeo que se celebra esta semana en Estrasburgo (Francia), sobre si la Comisión está trabajando para proteger a los jueces europeos que investigan crímenes de guerra en el enclave palestino.
La responsable de Exteriores de la UE ha explicado que el Estatuto de Bloqueo figura entre las “herramienta” de las que dispone la Comisión Europea para proponer su activación con el fin de amparar a los jueces y fiscales del TPI y a Francesca Albanese, pero ha subrayado que “muchos Estados miembro no lo han solicitado” y que solo “algunos”, entre ellos España, han pedido dar este paso.
“La cuestión es que, en aquellos países de los que provienen también los jueces, necesitamos utilizar estas herramientas. Y entonces algunos países dicen que también pueden trabajar para ayudar a estos jueces a operar con otras herramientas. Por eso no tenemos acuerdo sobre el Estatuto de Bloqueo, y por eso no lo hemos puesto sobre la mesa”, ha remachado Kallas al cerrar su intervención.
Bruselas analiza nuevas medidas para el TPI
Las manifestaciones de Kallas llegan después de que la Comisión Europea afirmara hace unos días que está examinando “medidas concretas” para reforzar la protección y la resiliencia del TPI frente a las “inaceptables” presiones, amenazas y ataques dirigidos contra sus jueces, su personal y sus colaboradores, sin detallar aún qué opciones específicas se están considerando.
El pasado 6 de mayo, Sánchez remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que le instaba a activar el Estatuto de Bloqueo para impedir que las sanciones de Estados Unidos contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y contra los jueces y fiscales del TPI que investigan el genocidio en Gaza tengan validez en el territorio de la Unión Europea.
Washington viene aplicando desde principios de 2025 un régimen de sanciones contra miembros del TPI que ya alcanza a once jueces y fiscales, como respuesta a la orden de detención emitida contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra el exministro de Defensa Yoav Gallant. Además, en julio, Estados Unidos sancionó a Albanese por lo que describió como una “campaña” contra Israel.
En todo caso, la semana pasada un juez federal estadounidense ordenó la suspensión de las sanciones impuestas por la Administración Trump contra Albanese, al considerar que dichas medidas vulneraban sus derechos de la Primera Enmienda, al dirigirse de forma directa contra sus manifestaciones críticas con Israel.