La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) “la libertad plena de todas las personas presas políticas” en Venezuela y exigió a las autoridades de Caracas transparencia total y una visita a los centros de detención “con acceso irrestricto”.
En un comunicado leído por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, el presidente del organismo, Edgar Stuardo Ralón Orellana, advirtió de que “la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho. En Venezuela esto no es un exceso aislado: es una política de Estado, sostenida y deliberada”.
En nombre de la Comisión, Ralón reclamó que “toda detención arbitraria debe cesar de inmediato” y reiteró la demanda de “la libertad plena de todas las personas presas políticas y de conciencia”, al remarcar que “las liberaciones parciales no agotan las obligaciones del Estado”.
El presidente de la CIDH también instó a garantizar “acceso pleno y verificable a la información pública” y a publicar “listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas, con nombres y estado procesal”, junto con “protección absoluta contra la tortura y reformas estructurales que garanticen la no repetición y el restablecimiento de la democracia”.
Ralón insistió en la necesidad de una misión sobre el terreno: “Reiteramos con la mayor firmeza la urgencia de una visita 'in loco' a Venezuela, con acceso irrestricto a los centros de privación de libertad”, remarcó, para luego subrayar que “la pregunta ya no es si la CIDH está dispuesta, lo está; la pregunta es si el Estado venezolano lo está”.
En su intervención, el comisionado defendió que “no hay Derechos Humanos plenos sin democracia”. “La democracia no es un adorno del sistema interamericano: es su condición de posibilidad. Y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho”, reiteró, lamentando que “en Venezuela esto no es un exceso aislado: es una política de Estado, sostenida y deliberada”.
Ralón detalló que “solo en 2025 otorgamos 36 medidas cautelares, la mayoría a personas privadas de libertad por motivos políticos: defensoras de Derechos Humanos, periodistas, familiares de detenidos y, en varios casos, núcleos familiares completos”. Destacó además los “más de 300 testimonios de víctimas” recabados por el Mecanismo Especial de Seguimiento (MESEVE) y las “cerca de 30 audiencias temáticas” celebradas sobre estas detenciones en Venezuela. “La evidencia es abrumadora”, afirmó.
Según los datos expuestos, “a abril de 2026, 454 personas continuarían detenidas por razones políticas: 44 mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 militares”, aunque la cifra sea inferior a las “2.062 detenciones por motivos políticos” documentadas por organizaciones civiles durante la segunda mitad de 2024.
El presidente de la CIDH advirtió, no obstante, que “persisten la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica”, situaciones que vinculó con “al menos 18 personas” fallecidas “bajo custodia del Estado”.
Ralón dijo haber tomado “nota” de la ley de Amnistía, que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio por concluida a finales de abril tras asegurar que había beneficiado a más de 8.600 personas con “libertad plena”. Sin embargo, el comisionado puntualizó que “la sociedad civil registra apenas 186 con libertad plena, mientras 554 permanecen bajo medidas cautelares”, entre ellas “prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestar o de hablar con la prensa”. “Eso no es libertad: es libertad vigilada”, sentenció.
En su mensaje, el dirigente de la Comisión subrayó que “la CIDH no normalizará lo que no debe normalizarse, no aceptará como avance lo que es apenas un gesto y no dejará de nombrar lo que ocurre por su nombre: una política de Estado de represión que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar”, insistiendo de nuevo en que “no hay Derechos Humanos plenos sin democracia”.
Tras la lectura del informe, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la propuesta de una visita sobre el terreno de la CIDH a las cárceles venezolanas, al considerar que “proporcionaría la transparencia y la rendición de cuentas que la situación exige y, sobre todo, que el pueblo venezolano merece”.
Ramdin subrayó que “cada persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la estabilidad democrática y el progreso que la región necesita. La represión y la persecución política no pueden tolerarse en nuestro hemisferio”.
Por ello, reiteró su “llamamiento a las autoridades venezolanas para que agilicen incondicionalmente la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos” y remarcó que la Organización de Estados Americanos “está dispuesta a apoyar a Venezuela y a sus Estados Miembros mediante líneas de acción complementarias y que se refuercen mutuamente, con el objetivo de restaurar la confianza, fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la gestión pública y fomentar la gobernanza sostenible”.
El secretario general recalcó que “el futuro de Venezuela, al igual que el de cualquier Estado en este hemisferio, debe fundamentarse en la voluntad de su pueblo. La OEA no está aquí para imponer soluciones. Estamos aquí para apoyarlas en el camino hacia la democracia representativa, la estabilidad política y la prosperidad”, antes de “reconocer el derecho del pueblo venezolano a determinar su propio futuro” y pedir “a todos los actores dentro de Venezuela y en todo el mundo para que asuman la responsabilidad compartida”.
Al hilo de la intervención de Ramdin, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado agradeció públicamente la posición de la OEA en un mensaje en redes sociales, en el que sostuvo que “el desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela”.
“Los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen, deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas”, añadió.
La CIDH concede nuevas medidas cautelares a tres hermanos venezolanos
La sesión de la CIDH ante la OEA coincidió con la aprobación de una nueva resolución mediante la cual el organismo otorga “medidas cautelares” a tres hermanos italo-venezolanos, Carmelo, Daniel y Levin De Grazia, al considerar que sus “derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
Según la Comisión, Carmelo y Daniel De Grazia se encontrarían privados de libertad desde el 19 de abril de 2024, sin recibir “atención médica necesaria y bajo condiciones inadecuadas de detención”, mientras que “Levin De Grazia permanecería bajo arresto domiciliario, siendo sometido a hostigamiento por funcionarios estatales”, sin que “el Estado (venezolano) haya proporcionado información a la CIDH” sobre estos hechos.
Ante esta situación, la CIDH pidió al Gobierno venezolano que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud” de los tres hermanos y que garantice que no sean “objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia”, entre otras acciones de protección urgentes.