La Sala Constitucional Segunda de La Paz ha dado curso de forma parcial a una tutela de acción y ha dictado que los movimientos sociales deben poner fin a los cortes de carreteras que obstaculizan el tránsito de alimentos, medicinas y otros insumos básicos en el contexto de una huelga general indefinida contra el Ejecutivo boliviano.
“El bloqueo absoluto de carreteras, caminos, puentes y vías estratégicas no se encuentra protegido por el derecho a la protesta social cuando impide o restringe gravemente la salud, alimentación, educación, seguridad y libre circulación”, indica la resolución judicial, emitida este viernes.
El pronunciamiento remarca igualmente que las manifestaciones están amparadas por la Constitución siempre que sean pacíficas, proporcionales y respeten los corredores humanitarios, las rutas alternativas, los derechos de terceros y la integridad de bienes públicos y privados. De este modo, precisa que las marchas, cabildos, vigilias y huelgas siguen autorizadas dentro de esos límites.
Además, la resolución requiere al Gobierno que adopte las acciones necesarias para desmontar los bloqueos de forma pacífica y a través del diálogo. Si las medidas de presión se prolongan, las personas que las lideren deberán ser perseguidas penalmente de manera individual por el Ministerio Público.
La Sala Constitucional ordena también la habilitación inmediata y permanente de corredores humanitarios para el paso de ambulancias, medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos, agua y transporte de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas menores de edad, personas mayores y mujeres embarazadas.
El fallo responde a la acción presentada por el exdiputado Amílcar Barral contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; contra el senador suplente Nilton Condori, además del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Los bloqueos impactan con especial dureza en el departamento de La Paz, donde las rutas permanecen interrumpidas desde hace casi dos semanas. El cierre de vías ha empezado a repercutir en la población con falta de alimentos, medicinas y combustible.
Para Barral, impulsor del recurso, este fallo permite al Gobierno “utilizar cualquier recurso” para levantar los bloqueos, lo que supone “una facilidad que le da la justicia al Ejecutivo”, ha planteado en una entrevista con el diario boliviano ‘El Deber’.
En concreto, Barral plantea que el Gobierno dicte el estado de excepción “en departamentos individualizados, o en todo el país, para que ya se calme toda esta ola de movilizaciones que está siendo más política que otra cosa”, ha argumentado.
El Gobierno ha realizado expresado su disposición a dialogar, pero la COB, el movimiento indígena boliviano de Los Ponchos Rojos y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz mantienen las medidas de presión.