El Ejecutivo de transición maliense ha informado que ha llevado a cabo una presentación formal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para comenzar un procedimiento legal en contra de Argelia, tras el derribo de un dron maliense en abril, en una localidad próxima a la frontera que ambos países comparten, argumentando una infracción a su soberanía aérea.
Mediante esta solicitud presentada ante la CIJ, el Gobierno de Malí reafirma la urgente necesidad de que los Estados patrocinadores y exportadores del terrorismo en el Sahel dejen de ser una amenaza para la paz y la seguridad regionales y trabajen de buena fe para contribuir a la estabilidad, única garantía de la seguridad colectiva y del desarrollo sostenible, declara un comunicado de Abdulaye Maiga, portavoz gubernamental.
Adicionalmente, se ha mencionado que han hecho diversas solicitudes, que hasta la fecha no han recibido respuesta, consistentes en solicitar a las autoridades argelinas que aporten pruebas de la presunta violación de su espacio aéreo por parte de dicho dron.
Por otra parte, se ha enfatizado que la destrucción del dron en territorio maliense constituye no solo una agresión, un acto hostil, inamistoso y condescendiente por parte de Argelia, sino también, y sobre todo, una clara violación del principio de no uso de la fuerza y un acto de agresión, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y el acta constitutiva de la Unión Africana, entre otros documentos.
Esta flagrante agresión, que el Gobierno denuncia enérgicamente y cuyo objetivo era obstaculizar la neutralización de grupos terroristas armados por parte de las Fuerzas Armadas, es la culminación de una serie de actos hostiles y acciones maliciosas, denunciadas reiteradamente por las autoridades malienses, y demuestra claramente una colusión malsana entre los terroristas y el régimen argelino, que les otorga protección, concluyó el comunicado.
Después de este incidente, Argelia procedió a cerrar su espacio aéreo a Malí, que respondió de igual manera con su espacio aéreo. También, ambos estados retiraron a sus embajadores para consultas, intensificando así el deterioro de sus relaciones bilaterales, lo que podría desencadenar una crisis de efectos desconocidos en una región tan inestable como el Sahel.











