El Parlamento de Israel avanza en la aplicación de la pena de muerte para ‘terroristas’ palestinos

Este lunes, una comisión parlamentaria israelí ha aprobado en primera lectura una ley que permitiría imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por ‘terrorismo’ que resulten en la muerte de ciudadanos israelíes. El proyecto cuenta con el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu, según confirmó Gal Hirsch, coordinador sobre la situación de los rehenes.

La propuesta legislativa, impulsada por el partido de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, ha sido descrita por el parlamentario Zvika Fogel como ‘una herramienta de una caja de herramientas para luchar contra el terrorismo y liberar a los rehenes’. Cabe señalar que la medida solo aplicaría a palestinos y no a israelíes que cometan crímenes similares contra palestinos.

El respaldo de Netanyahu a esta iniciativa es reciente, pues anteriormente se había mostrado en contra debido a preocupaciones por el impacto que podría tener en los rehenes israelíes capturados en ataques recientes. Sin embargo, tras la liberación de estos rehenes por parte de Hamás, su posición cambió. Ben Gvir, por su parte, ha enfatizado que ‘Todo terrorista que salga a asesinar debe saber que se le impondrá la pena capital. Es momento para la justicia’, en agradecimiento al apoyo de Netanyahu.

En contraposición, Hamás ha criticado duramente la propuesta, calificándola de ‘la fea cara fascista de la ocupación sionista’ y una violación de las leyes internacionales, incluyendo la Tercera Convención de Ginebra. Además, han solicitado intervención internacional para revisar las condiciones de los prisioneros palestinos y denunciar lo que consideran atrocidades bajo la supervisión oficial israelí.

Paralelamente, el Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros ha denunciado que esta decisión por parte de Israel supone un crimen de guerra y podría desencadenar una nueva guerra en la región. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha restringido las visitas del CICR a prisiones israelíes, argumentando que comprometen la seguridad del país.