Un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado la suspensión temporal del fondo de casi 1.800 millones de dólares (más de 1.500 millones de euros) impulsado por la Administración Trump para resarcir a presuntas víctimas de lawfare durante el anterior mandato, incluida la cobertura de cualquier posible indemnización.
La jueza de distrito Leonie Brinkema dictó este jueves una resolución que impide al Departamento de Justicia “realizar cualquier otra acción relacionada con la creación o el funcionamiento” de dicho fondo “para garantizar que no se desembolsen fondos de forma irreversible”.
La orden judicial abarca la “transferencia” de recursos al programa, “la tramitación de cualquier solicitud presentada” para acceder a compensaciones y “el desembolso de cualquier” cantidad con cargo a ese mecanismo.
La magistrada, que ejerce en el distrito este de Virginia, ha adoptado esta medida con carácter provisional mientras analiza si concede una “medida cautelar” permanente solicitada por un grupo de demandantes que han recurrido la legalidad del fondo.
Entre los impulsores de la demanda figura el exfiscal federal Andrew Floyd, que investigó y procesó a implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 antes de ser cesado por la exfiscal general Pam Bondi. Floyd ocupaba el cargo de subjefe en una unidad especializada creada en la Fiscalía para dirigir estos procedimientos.
Junto a él, Jonathan Caravello, un profesor de California detenido mientras protestaba contra una redada de inmigración, y varias ONG presentaron la semana pasada la denuncia en la que sostienen que el fondo anunciado por la Administración Trump es ilegal, según recoge la cadena CBS News.
Paralelamente, el miércoles dos expolicías que defendieron el Capitolio durante el ataque —el exagente del Capitolio Harry Dunn y el exmiembro del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington Daniel Hodges— interpusieron otra demanda contra la Administración Trump, alegando que el programa podría servir para sufragar compensaciones a participantes en la insurrección.
La controversia surge después de que el Departamento de Justicia comunicara que, “como parte del acuerdo extrajudicial en el caso” de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Fiscalía había constituido este fondo con el objetivo de “atender las reclamaciones de quienes han sufrido abusos e ilegalidades”.
En esa causa, los demandantes —entre ellos el hijo del expresidente, Eric Trump, y la Organización Trump— habían presentado una querella contra el Departamento del Tesoro y el IRS tras la filtración de sus declaraciones fiscales de 2019 y 2020. No obstante, el acuerdo estableció que no percibirían “compensación monetaria ni indemnización de ningún tipo”.