QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Esther Herranz, eurodiputada del PP riojano, ha señalado que el reciente paquete de simplificación administrativa, denominado ‘Ómnibus III’, centrado en el ámbito agrícola, representa un progreso al abordar problemas históricos del sector, aunque «si bien no aborda todas las cuestiones, supone un paso adelante» y ha subrayado la importancia de que «debe terminar su tramitación lo antes posible».
Recientemente, el Parlamento Europeo ha mostrado su apoyo a la iniciativa de la Comisión Europea para suavizar los requisitos ambientales para las explotaciones agrícolas, permitiéndoles acceder a fondos de la Política Agraria Común (PAC). Esta medida busca reducir la carga burocrática, según afirma Bruselas.
EL PARLAMENTO EUROPEO RESPALDA RELAJAR LOS REQUISITOS
El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado la propuesta de la Comisión Europea, con 492 votos a favor, 111 en contra y 39 abstenciones, solicitando mayor flexibilidad para que los agricultores se ajusten a las normativas de la PAC. Además, el paquete ‘Ómnibus III’ pretende eliminar duplicidades con las normativas nacionales y facilitar que las explotaciones ecológicas certificadas sean automáticamente reconocidas por cumplir ciertos requisitos ambientales de la UE.
Adicionalmente, aunque se ha rechazado un nuevo tipo de pago directo para agricultores afectados por desastres naturales propuesto por la Comisión, se ha coincidido en establecer un nuevo pago de crisis a través de los fondos de desarrollo rural de la UE. Este subsidio de emergencia debería ser obligatorio para los Estados miembro, incluyendo brotes de enfermedades animales como eventos que justifiquen asistencia financiera y proponiendo una reducción al 15% del umbral de pérdidas para acceder a fondos nacionales que cubran las primas de seguros.
FORTALECER LA POSICIÓN CONTRACTUAL DE LOS AGRICULTORES
El Parlamento también ha aprobado enmiendas para fortalecer la posición contractual de los agricultores y estabilizar sus ingresos, respaldando la obligatoriedad de contratos escritos para el suministro de productos agrícolas y solicitando mayor claridad en el uso de términos como «justo» o «equitativo» en el etiquetado, vinculados al desarrollo de comunidades rurales y organizaciones de agricultores. Tras esta adopción, el Parlamento podrá comenzar las negociaciones con los gobiernos de la UE para finalizar la forma de estos textos.
