QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia y Estado de derecho, ha subrayado este martes que la obligación de investigar inicialmente los casos de corrupción, incluyendo el ‘caso Koldo’ y la participación de Santos Cerdán, ex alto cargo del PSOE, recae en la justicia española. McGrath ha declarado que no emitirá comentarios sobre estos asuntos en España hasta que se dé a conocer la evaluación anual de Bruselas sobre el Estado de derecho, prevista para la próxima semana.
«La responsabilidad principal de investigar las denuncias de corrupción recae en el Estado miembro en cuestión», expresó McGrath en una conversación con Europa Press y otras agencias que integran el consorcio ‘European Newsroom’, destacando que sería «inapropiado» hablar sobre investigaciones en curso.
Aunque McGrath evitó confirmar si la Comisión Europea ha solicitado a la Agencia europea antifraude (OLAF) una investigación detallada de los últimos casos, reconoció que existen «instrumentos y otras organizaciones» que pueden intervenir cuando los fondos europeos están implicados. No obstante, afirmó que no le corresponde «comentar ninguna denuncia específica que deba ser investigada por las autoridades competentes».
«Lo más importante para nosotros es que cada Estado miembro de la Unión cuente con las estructuras adecuadas para combatir la corrupción y que cada país demuestre no sólo capacidad, sino también voluntad, para combatir la corrupción de alto nivel cuando se presente», resumió McGrath.
El comisario irlandés también mencionó que el informe anual sobre el Estado de derecho en cada Estado miembro evaluará la «solidez» de cada sistema y ofrecerá una opinión «más reciente» sobre la situación en España en el análisis sobre la salud democrática por países. McGrath indicó que el informe está en proceso de finalización y espera presentar sus conclusiones en el próximo Colegio de Comisarios, programado para el 8 de julio.
En años anteriores, las recomendaciones para España se han concentrado en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de su sistema de elección, además de enfatizar la necesidad de fortalecer la independencia del Fiscal General, sin señalar riesgos sistémicos para el Estado de derecho.
«El proceso del informe debe aprovecharse como una oportunidad para impulsar las reformas necesarias para mejorar, ya sea la independencia del sistema judicial, la pluralidad y la libertad de los medios de comunicación en el país, el régimen anticorrupción vigente y otros controles y equilibrios democráticos», concluyó el comisario.
