QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE y sus aliados están impulsando con urgencia la reforma del Reglamento del Congreso que busca sancionar a los periodistas acreditados que interfieran con las actividades parlamentarias y de prensa, etiquetándolos como «pseudoperiodistas». La meta es ratificarla en julio durante dos plenos, uno el próximo martes y otro en la anteúltima semana, de acuerdo con fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.
Esta modificación, propuesta tras varios incidentes con periodistas de medios digitales que confrontaron a políticos y otros periodistas, pretende regular la renovación de credenciales para los informadores y establecer un sistema de sanciones para aquellos que dañen la operatividad institucional o el desempeño de otros medios.
Con esta medida, el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, responden a las demandas de grupos profesionales de periodistas que han pedido a la Cámara «evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo». Su objetivo, como destacan, no es limitar a los profesionales de la información, sino a los «activistas de ultraderecha» que acuden a las conferencias de prensa.
El Reglamento del Congreso, vigente desde 1982, asignaba a la Mesa de la Cámara la tarea de otorgar acreditaciones, pero la nueva reforma propone regular este proceso y establecer «los requisitos que resulten exigibles». Además, se formará un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que incluirá a un miembro de cada grupo y representantes de los colectivos profesionales, con capacidad para sugerir sanciones, aunque la decisión final recaerá en la Mesa.
De esta manera, se exigirá a los periodistas respetar «las reglas de cortesía parlamentaria» y seguir las directrices de la Mesa, prohibiendo grabaciones sin acreditación y permitiendo a los grupos designar coordinadores de sus ruedas de prensa. Las violaciones a estas normas podrían llevar a sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la revocación definitiva de las credenciales.
La proposición fue considerada por el Pleno del Congreso el 20 de mayo, y sus propulsores solicitaron un trámite urgente para acelerar los plazos parlamentarios. Recientemente, consiguieron 178 firmas de diputados, superando la mayoría necesaria, para celebrar todas las sesiones que sean requeridas para su aprobación este verano, con el objetivo de que esté operativa al comienzo del próximo periodo de sesiones.
El próximo martes 8 de julio, se celebrará una sesión plenaria para discutir y votar las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox, los cuales, junto con UPN, se opusieron a la tramitación de la reforma.
La propuesta alternativa del PP, según Europa Press, elimina toda regulación de las acreditaciones de prensa, argumentando que la Presidencia del Congreso ya tiene atribuidas las funciones de policía en las instalaciones parlamentarias y de mantenimiento del orden, pudiendo «adoptar cuantas medidas considere oportunas», incluso la expulsión y acciones judiciales contra quienes alteren el orden público.
«Por lo tanto, el mantenimiento del orden y las posibles actuaciones que hubieran de adoptarse a tal fin en el interior del Congreso, en todas sus dependencias, es una función que corresponde en exclusiva a la Presidencia por mandato constitucional. Cualquier pretensión para hurtar esa facultad y delegarla en la Mesa o en cualquier otro órgano de la Cámara conculcaría ese principio general, por ausencia de competencias para ello», sostiene el PP.
El Grupo Popular sí aprueba la segunda parte de la proposición de ley del PSOE y sus aliados, que permitirá a los diputados solicitar el voto telemático en situaciones de cuidado a familiares cercanos o en caso de fallecimiento. Según el texto, el propósito es «poder compatibilizar el ejercicio del cargo con situaciones de evidente, grave y excepcional trascendencia».
Vox, en cambio, «rechaza totalmente» las medidas para regular el derecho de información en el Congreso, pero ha presentado una enmienda de totalidad que incluye varias de sus demandas históricas, como la eliminación del uso de lenguas cooficiales, la regulación del acatamiento de la Constitución por nuevos diputados, la reducción del número de comisiones parlamentarias, la exigencia de informes jurídicos al presentar proposiciones de ley, y la prohibición del préstamo de diputados para la formación de grupos parlamentarios.
Los textos alternativos de PP y Vox se debatirán y votarán el día 8 y, considerando el apoyo del resto de grupos, parece que la proposición de ley del PSOE y sus socios avanzará. El siguiente paso será su aprobación en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión) en el ‘Pleno escoba’ programado para alrededor del 22 de julio.
