QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las nuevas regulaciones para acceder al Archivo del Congreso han sido aprobadas, permitiendo la consulta de documentos con datos personales bajo ciertas condiciones. Esto será posible si el órgano de gobierno de la institución lo autoriza y el solicitante demuestra un “interés legítimo”, o si los datos pertenecen a personas fallecidas y no comprometen su seguridad o privacidad.
Desde Sumar, se ha destacado que estas modificaciones serán cruciales para casos como el de Manuel García Caparrós, asesinado en 1977, cuya familia podría conocer a los responsables de su muerte. Esto fue resaltado por Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera del Congreso, y Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar.
Este cambio forma parte del I Plan de Parlamento Abierto y moderniza las normas de 1984, adecuándolas a los estándares actuales de otros archivos públicos. Además, se promoverá la divulgación digital de los documentos para facilitar su acceso público, y se permitirá la solicitud de documentos no publicados sin necesidad de justificar la petición, de manera gratuita.
Existen ciertas limitaciones, como la consulta de documentos clasificados o con datos especialmente protegidos, que solo se podrán acceder tras la evaluación de la Mesa del Congreso y un informe de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo. También se establecen restricciones para los documentos que puedan comprometer la seguridad del Estado o la privacidad de las personas.
La normativa también aclara que no se aplicarán ciertas restricciones si la petición proviene de herederos o interesados directos, según la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Patrimonio Histórico Español.
