QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, el Congreso ha dado un paso más hacia la aprobación de la ley que obligará a las grandes empresas a ofrecer servicios de atención al cliente en las lenguas cooficiales del Estado. La Comisión de Derechos Sociales y Consumo ha aprobado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, alcanzando así el penúltimo escalón en su trámite parlamentario dentro de la Cámara Baja.
La propuesta, resultado de un acuerdo entre el Gobierno y Junts, requerirá que compañías con más de 250 empleados, una facturación superior a 50 millones de euros o que ofrezcan servicios de interés general, dispongan de atención al cliente en las diversas lenguas cooficiales del país.
El proyecto ha contado con el apoyo de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Podemos y Bildu, mientras que PP y Vox han votado en contra. Tras superar esta fase, el texto será presentado al Pleno de la Cámara Baja para su último debate, programado para la semana del 11 de noviembre, antes de ser enviado al Senado para seguir el mismo proceso legislativo.
DEPENDERÁ DE DÓNDE RESIDA EL CIUDADANO
La ley estipula que, a petición del consumidor o usuario en regiones con más de un idioma oficial, “se asegurará la atención en el idioma oficial que se solicite”, siempre que la empresa opere en zonas con una lengua oficial distinta al castellano y que esta sea oficial en dicha comunidad.
Además, se garantizará que las consultas, quejas, reclamaciones o incidencias se gestionen “en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales” en caso de que el servicio de atención al cliente se dirija a personas ubicadas en comunidades con lenguas cooficiales.
NOVEDADES EN COMISIÓN
Entre las novedades introducidas en la ley durante su paso por comisión se encuentra la regulación de los juegos de apuestas, donde se incluye la figura del ‘influencer’ en la Ley de Juego de 2011. Este término se refiere a “personajes de relevancia o notoriedad pública”, que posean un “amplio reconocimiento” social o por colectivos específicos.
La ley también establece que los operadores de juego solo aceptarán medios de pago nominativos, y deberán mantener cuentas bancarias exclusivas para los fondos de los jugadores en entidades españolas. Asimismo, se crea un registro de proveedores de juego y se establecen medidas contra las llamadas spam, incluyendo la obligación para las grandes empresas de utilizar un prefijo específico en sus llamadas comerciales.
