QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El proyecto de ley que busca garantizar la atención al cliente en las lenguas cooficiales en grandes empresas ha progresado este miércoles en el Congreso, tras obtener la aprobación en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, acercándose así al final de su proceso en la Cámara Baja.
Específicamente, la Comisión ha aprobado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Junts, que exige a empresas con más de 250 empleados o más de 50 millones de euros en facturación, así como a aquellas que ofrezcan servicios de interés general, disponer de atención al cliente en las diversas lenguas cooficiales del Estado.
La votación contó con el apoyo de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Podemos y Bildu, mientras que PP y Vox se posicionaron en contra. Superado este paso, el texto será llevado al Pleno de la Cámara Baja para un debate final la semana del 11 de noviembre, antes de pasar al Senado para seguir el correspondiente proceso parlamentario.
DEPENDERÁ DE DÓNDE RESIDA EL CIUDADANO
La propuesta legislativa establece que, a petición del consumidor o usuario en comunidades con más de una lengua oficial, se garantizará la atención en el idioma oficial solicitado, siempre que la empresa opere en dichas comunidades y el idioma sea oficial en la misma.
Además, la ley asegura que las consultas, quejas, reclamaciones o incidencias se llevan a cabo “en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales” cuando la atención al cliente se dirija a usuarios en regiones con lenguas cooficiales.
REGISTRO DE PROVEEDORES DE JUEGO Y PROHIBICIÓN DE LLAMADAS SPAM
Otra medida aprobada en comisión es la creación de un registro de proveedores de juego, donde se recogerán datos de entidades que suministren servicios o componentes para sistemas técnicos de juego a operadores en España, con el objetivo de cumplir la prohibición de que terceros sin licencia ofrezcan estos servicios en el territorio nacional.
Se ha incluido también una reforma para regular las llamadas comerciales, obligando a las grandes empresas a utilizar un prefijo específico y a las operadoras a bloquear las llamadas que no lo utilicen. Las llamadas comerciales hechas sin consentimiento serán prohibidas y los contratos realizados en estas circunstancias serán anulados.
