Un grupo de cinco familias de jóvenes asesinados por menores de edad en España acudirá este jueves 15 de abril al Congreso de los Diputados para entregar más de 100.000 firmas recogidas en la plataforma Change.org. Con esta acción, reclaman una reforma de la Ley del Menor al considerar que las sanciones actuales son “insuficientes” y “de vergüenza”, ya que en numerosos casos se reducen al internamiento en régimen cerrado.
Entre los impulsores de la iniciativa se encuentra Silvia Guerrero, madre de Juan, el joven de Tárrega (Barcelona) asesinado por un menor. En su petición, Guerrero sostiene que “La Ley del Menor, tal como está actualmente, no refleja la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores que actúan con una madurez aterradora”. Este viernes, Juan habría cumplido 19 años, motivo por el que Silvia ha elegido esta fecha para formalizar la entrega de las más de 65.000 firmas que ella misma ha reunido, que se suman a las más de 100.000 que agrupan las campañas de las cinco familias que estarán presentes en la Cámara Baja.
La iniciativa ha sido confirmada a Europa Press por Francisco José Márquez, padre del joven asesinado en la madrugada del martes 2 de julio en el poblado Alfonso XIII, en Isla Mayor (Sevilla). El autor del crimen fue condenado el pasado mes de marzo a seis años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada con asistencia educativa, al tener 17 años en el momento de los hechos.
También acudirá el padre de Jesús Rosado Jiménez, el joven de 18 años que perdió la vida cuando volvía a casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween. En este caso, el juzgado impuso al responsable una pena de nueve años de internamiento en régimen cerrado, junto con cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa. Fue considerado coautor de un delito de asesinato y de un delito de robo con violencia con uso de armas, en grado de tentativa en este último.
Asimismo, estará presente la familia de Alejandro Ortega Romero, que fue asesinado con 16 años en el recinto ferial de El Arenal, en Córdoba. El menor acusado fue condenado a ocho años de internamiento terapéutico en salud mental en régimen cerrado y a otros cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa, por un delito de asesinato con alevosía y un delito de hurto leve.
También se sumarán a la cita los allegados de Leticia Rosino, asesinada por un menor de edad en Castrogonzalo (Zamora). Sus familiares recuerdan que “El responsable del asesinato de nuestra hija, al tratarse de un menor en el momento de los hechos, saldrá en libertad en menos de un mes, el próximo 3 de mayo de 2026, tras haber cumplido únicamente ocho años de internamiento”.
La familia del joven asesinado en Isla Mayor ya expresó su frustración al inicio del juicio: “Lo que esperamos de este procedimiento es justicia. Pero no la vamos a tener, porque con la ley que tenemos ahora mismo no va a haber justicia, dado que el presunto autor de nuestro hijo tenía quince años en el momento de los hechos, a tan solo 28 días de cumplir los 16 años”.
Su malestar se centra en que, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000 (Lorpm), la sanción máxima para menores de 14 y 15 años por un presunto delito de homicidio se sitúa entre uno y cinco años de internamiento, algo que califican de “vergüenza”. Por ello, estas familias reiterarán este jueves ante el Congreso su exigencia de endurecer la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Tal y como resume José Márquez, “Nadie nos va a devolver a nuestros niños, ninguna pena parece suficiente pero, desde luego, lo que hay ahora no es justicia”.