El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este martes una proposición no de ley del PSOE que reclama reforzar los sistemas de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida, así como blindar su carácter permanente. Con ello se busca evitar prácticas corruptas en estos procedimientos, como las que presuntamente se habrían producido en ayuntamientos gobernados por el PP en ciudades como Alicante, Málaga, Alcira o Logroño.
En el texto registrado, los socialistas sostienen que los casos detectados en estos consistorios "erosionan la confianza ciudadana". Por este motivo, la iniciativa exige que la asignación de viviendas protegidas se realice mediante un procedimiento "claro y objetivo".
La propuesta del PSOE plantea que en los procesos de adjudicación se garantice la máxima transparencia, con criterios que aseguren la concurrencia pública y otorguen prioridad a las personas o unidades de convivencia inscritas en registros oficiales de demandantes, respetando el orden que figure en dichos listados.
Vivienda protegida para uso estable y no para la especulación
El texto reclama, además, que la vivienda protegida se destine "exclusivamente" a residencia habitual y permanezca ocupada durante los plazos mínimos fijados en la legislación y normativa aplicable, o bien a alojamientos temporales contemplados por la regulación para casos de emergencia o estacionalidad, siempre con autorización expresa de las administraciones competentes.
Asimismo, la iniciativa plantea blindar de forma permanente el régimen de protección, de manera que las viviendas construidas o adquiridas con ayudas públicas, ventajas fiscales o ubicadas en suelo público con calificación residencial mantengan su condición de vivienda protegida, sin posibilidad de descalificación mientras no cambie la calificación del suelo.
Entre las medidas complementarias, el PSOE propone disponer de registros públicos de solicitantes; poner en marcha mecanismos de supervisión y control apoyados en nuevas herramientas de vigilancia institucional; elaborar un inventario del parque público y de la vivienda protegida existente; detallar el suelo público disponible con potencial uso residencial; y llevar a cabo auditorías sobre las adjudicaciones y operaciones de venta de suelo público realizadas en los últimos tres años, con el fin de localizar y corregir posibles irregularidades.