El Pleno del Congreso someterá a votación este jueves el Real Decreto-ley que establece la revisión automática de las tarifas del transporte de mercancías por carretera cuando el coste de los carburantes se encarezca un 5%. Con esta norma, el Ejecutivo busca que las variaciones en el precio del combustible se reflejen de manera efectiva en lo que se cobra por el servicio de transporte.
Al tratarse de un decreto ley, la regulación está vigente desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero, tal y como marca la Constitución, debe ser sometida al criterio del Congreso en un plazo máximo de treinta días para que sea convalidada o, en su caso, derogada.
En este contexto, la Cámara Baja decidirá esta semana si mantiene o tumba el decreto, en unos días en los que ya se ha rechazado otro real decreto ley del Gobierno, el relativo a la prórroga de los contratos de alquiler con vencimiento en 2026 y 2027.
Apoyo a los transportistas por el impacto de la guerra
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que el decreto ley responde a la situación excepcional derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha disparado el coste de los combustibles y está afectando al transporte por carretera, un sector compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.
Mediante esta actualización automática de los precios, el Gobierno busca complementar la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para los transportistas incluida en el anterior decreto ley de rebajas fiscales en el ámbito energético, aprobado como respuesta al conflicto en Irán.
Las medidas de este nuevo decreto ley se focalizan en el transporte de mercancías por carretera. La norma refuerza el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando haya cambios en el coste del combustible, obligación que deberá quedar recogida de forma expresa en la factura, e incorpora además un régimen sancionador específico para los casos de incumplimiento.
Ayudas al transporte ferroviario y marítimo
Paralelamente, el texto incorpora medidas concretas para el transporte ferroviario de mercancías, entre ellas una línea de ayudas directas para 2026 destinada a compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel.
Estas ayudas serán de 15.000 euros por cada locomotora en servicio, con una dotación global de 3,15 millones de euros, con la finalidad de evitar que el ferrocarril pierda competitividad frente a otros modos de transporte y asegurar su papel dentro de la cadena logística.
Asimismo, se incrementan las ayudas previstas para los servicios de transporte marítimo regular en siete millones de euros adicionales a los treinta ya contemplados, con el fin de incluir de forma expresa los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos Balear y Canario, de Ceuta y Melilla, así como entre puertos de ambos archipiélagos.
Junto a estas actuaciones principales, el decreto introduce ajustes y precisiones en la normativa vigente, como la incorporación de ciertos colectivos al sistema de ayudas aprobado en el decreto anterior (eurotaxis o taxis adaptados para personas con movilidad reducida) y la adecuación de las medidas a territorios con particularidades específicas, como Ceuta y Melilla.