La Comisión de Defensa del Congreso tiene previsto debatir y someter a votación este lunes una proposición no de ley impulsada por Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG. El texto reclama al Gobierno una investigación “exhaustiva e independiente” a nivel estatal sobre los abusos y malos tratos que habrían sufrido numerosos jóvenes durante el servicio militar obligatorio en las décadas de 1980 y 1990.
Según la iniciativa, registrada y recogida por Europa Press, los grupos firmantes se basan en “numerosos testigos” que en los últimos meses han relatado “situaciones sistemáticas de vejaciones, maltratos, acosos y agresiones físicas y psicológicas” padecidas por los reclutas en distintos cuarteles del país.
La propuesta también alude a “numerosas muertes” en “circunstancias no suficientemente aclaradas” y menciona más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001, año en que se dio por finalizada la ‘mili’, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG subrayan que investigaciones periodísticas y testimonios de familiares sostienen que la cifra real podría ser mayor, especialmente si se incluyen las muertes registradas en su momento como “accidentales”.
En la exposición de motivos se destaca que “diversas familias han conocido años después que la muerte de sus hijos había sido un suicidio vinculado a los abusos y vejaciones sufridos durante la estada en los cuarteles”, lo que, a juicio de los proponentes, evidencia la magnitud del problema.
No se trataría de casos aislados
Las formaciones firmantes remarcan que estos episodios “no responden a episodios aislados, sino a una dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos”. A su entender, “la falta de investigaciones exhaustivas, el silencio institucional durante décadas y la absencia de mecanismos de reconocimiento y reparación han agravado el sufrimiento de las personas afectadas”.
Por este motivo, los grupos instan a poner en marcha una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre los hechos descritos. Esa investigación debería abarcar la recopilación de información sobre suicidios, muertes en circunstancias no aclaradas y denuncias de abusos relacionadas con el servicio militar obligatorio, así como el análisis de las posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares, y la revisión de los mecanismos de control vigentes en el periodo afectado y de sus deficiencias.
La iniciativa se apoya en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, para solicitar que esta institución abra actuaciones de oficio con el fin de esclarecer lo sucedido durante la ‘mili’ en los años 80 y 90. Los proponentes consideran “necesario” activar de forma formal este instrumento para “contribuir al esclarecimiento de los hechos, al reconocimiento de las víctimas y al impulso de medidas de reparación, promoviendo que el alcance estatal de la cuestión sea asumido por los órganos competentes”.
En paralelo, se reclama que el Estado, una vez acreditados los hechos, lleve a cabo un reconocimiento “públicamente” de todas las víctimas; ponga en marcha mecanismos de reparación “moral, simbólica y económica”; asegure el acceso a asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para las personas afectadas y sus familias; y formule recomendaciones para impedir que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.