La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas tiene previsto debatir este jueves una iniciativa del PP que plantea impedir que medios propios del Gobierno, como Ineco, participen en las valoraciones técnicas de licitaciones de contratos vinculados al Plan de Recuperación, a raíz de dos denuncias en Adif por una posible manipulación irregular de puntuaciones en informes de evaluación.
La iniciativa del partido de Alberto Núñez Feijóo se concreta en una propuesta de resolución registrada a propósito del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de gestión y control aplicados por Adif y Adif-Alta Velocidad en la ejecución del Plan de Recuperación a 31 de diciembre de 2024.
En dicho informe, el órgano fiscalizador advertía de que el gestor de infraestructuras ferroviarias no había actuado con el rigor necesario al investigar dos denuncias relativas a la alteración irregular de puntuaciones en las que Ineco habría intervenido.
Denuncia del Tribunal de Cuentas
En julio de 2022 se registró una denuncia en Ineco por la que un empleado de Adif “supuestamente habría dado instrucciones a dos empleados de Ineco para cambiar sus valoraciones sobre las ofertas técnicas presentadas en tres licitaciones” de contratos asociados a fondos europeos. Dos meses después se formuló otra denuncia en Adif por una presunta “falsificación de puntuaciones en licitaciones”.
Tras analizar ambas denuncias, Adif concluyó que “no existían indicios de que se hubiera vulnerado la normativa de aplicación”, pero el Tribunal de Cuentas afeó al operador ferroviario la falta de exhaustividad en la investigación interna.
En los últimos meses, Ineco también ha quedado señalada en las pesquisas sobre la trama Koldo por su intervención avalando contratos y por haber ‘fichado’ a mujeres recomendadas por el entonces ministro José Luis Ábalos pese a no contar con la formación requerida.
Verificaciones de amenazas a la imparcialidad
Además de reclamar el veto a la empresa pública de ingeniería en estas valoraciones, los 'populares' pedirán al Gobierno que establezca verificaciones anuales obligatorias sobre posibles amenazas a la imparcialidad en las evaluaciones técnicas, incorporando compromisos futuros en las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses del personal propio y externo, incluyendo medios propios como Ineco.
La propuesta del PP también contempla otras medidas, como un plan antifraude específico frente a la colusión en ofertas, reclasificar como altos determinados riesgos (selección de actuaciones, sobornos) y someter a auditorías externas los contratos del Plan de Recuperación que superen el millón de euros. Asimismo, se plantea modificar las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses para que se formalicen de manera individualizada por cada expediente de contratación.
Peticiones del PSOE
En paralelo, el PSOE defenderá sus propias propuestas de resolución al informe, con la intención de que Adif y Adif-Alta Velocidad adopten medidas para reforzar la prevención y gestión de conflictos de interés en el personal de medios propios con funciones de gestión y gobernanza del Plan de Recuperación.
Los socialistas reclamarán también que el operador detalle con mayor precisión si se han identificado amenazas a la imparcialidad en relación con las funciones desempeñadas y los procedimientos en los que intervienen las personas verificadas, además de ampliar la información sobre los compromisos de pago a proveedores.
Vox, por su parte, instará al Gobierno a exigir a Adif y Adif-Alta Velocidad actuaciones concretas para garantizar la prevención y gestión de conflictos de interés en el personal de medios propios implicado en la gestión del Plan de Recuperación, así como poner en marcha “sin dilación” un plan de acción que reduzca el riesgo de prácticas colusorias.
Por último, Sumar propondrá que el operador incorpore en la autoevaluación del riesgo de fraude una actualización de la valoración del riesgo neto y de los resultados del plan de acción respecto al riesgo de prácticas colusorias en las ofertas, con el objetivo de situar dicho riesgo en un nivel considerado aceptable.