El director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, han sido convocados para comparecer el próximo 9 de junio ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, con el objetivo de dar cuenta de los últimos movimientos de la familia Escribano en Indra.
Ambos responsables ya habían sido llamados a esa misma comisión el pasado 28 de abril para informar sobre la situación de Indra, pero en aquella ocasión rehusaron asistir alegando que no habían recibido la citación con el tiempo suficiente.
Tras esa incomparecencia, se pusieron sobre la mesa dos nuevas fechas posibles, el 19 y el 26 de mayo. Sin embargo, según han señalado fuentes parlamentarias a Europa Press, la presidenta de la comisión, la diputada del PP Edurne Uriarte, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, acordaron finalmente fijar la sesión para el 9 de junio.
De acuerdo con las mismas fuentes, la elección de ese día se produjo después de verificar que ninguno de los convocados presentaba conflictos de agenda u otros impedimentos para acudir a la Cámara.
El Senado apercibe al Gobierno por el plantón
Junto con la propuesta de nuevas fechas, la presidenta de la Comisión decidió solicitar amparo al presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, a raíz de la ausencia del 28 de abril.
La Mesa del Senado, con mayoría del PP, respondió recordando al Ejecutivo que las comparecencias ante las Cortes constituyen un deber ineludible, salvo supuestos de fuerza mayor, “sin perjuicio de que sea deseable que la fecha de celebración de tal comparecencia se fije de manera consensuada entre la Cámara y el Gobierno”, tal y como ha terminado ocurriendo.
En este contexto, los citados deberán acudir el 9 de junio para explicar, entre otras cuestiones, la salida de la familia Escribano del capital de Indra. A través de la firma Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), los Escribano controlaban un 14,3% de la compañía, y la desinversión habría generado plusvalías que podrían superar los 950 millones de euros.
La retirada de la familia Escribano se ha producido apenas un mes después de que Ángel Escribano renunciara a la Presidencia de Indra, tras fracasar la proyectada fusión de su empresa familiar con la tecnológica pública y después de denunciar el ya expresidente presiones de la SEPI para frenar dicha operación.