En Murcia, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha iniciado un operativo específico para localizar a las afectadas por el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato. El objetivo principal es brindarles el apoyo legal y psicológico necesario, además de garantizar la atención requerida en cada caso.
Este martes, durante su intervención en la Comisión general de las comunidades autónomas del Senado, la consejera Conchita Ruiz ha hecho pública la puesta en marcha de esta medida. Ha destacado que, en la Región, estiman que más de 200 mujeres podrían encontrarse en una situación de desprotección debido a estas fallas.
«No nos quedamos de brazos cruzados, ya que hemos solicitado al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno los datos oficiales sobre mujeres con dispositivos telemáticos y las incidencias registradas», explicó Ruiz. Mientras llega esta información, los recursos CAVI están en contacto con las usuarias para evaluar riesgos y ofrecer asistencia jurídica especializada.
El Gobierno regional ha denunciado la «irresponsabilidad institucional» del Gobierno de España, culpándolo de poner vidas en riesgo, similar a lo ocurrido con la Ley del solo sí es sí. Ruiz, en su discurso en el Senado, ha demandado explicaciones al Ministerio de Igualdad y ha instado al Gobierno central a «asumir su responsabilidad ante una gestión nefasta».
Ruiz también ha criticado la falta de recursos y planificación adecuada para proteger a las víctimas, acusando al Estado de preferir la gestión mediática en lugar de acciones concretas. Ha concluido que, frente a la inacción del Gobierno central, la Comunidad de Murcia ha tomado cartas en el asunto para asegurar la protección y el bienestar de las víctimas de violencia de género.









