El Pleno del Congreso de los Diputados ha abordado este martes una proposición no de ley impulsada por el PSOE para combatir el matrimonio forzado. Durante el debate, el PP ha reprochado al Gobierno su "hipocresía" en el plano internacional y Vox ha cargado contra lo que considera "buenismo" en sus políticas, mientras que los socios del Ejecutivo han exigido más "recursos" y actuaciones concretas para erradicar esta forma de violencia.
La diputada socialista Blanca Cercas, encargada de presentar la iniciativa, ha descrito el matrimonio forzado como "una de las formas más graves y más ocultas de violencia contra las mujeres y contra las niñas". Ha recalcado que esta práctica "atroz" no puede ampararse en tradiciones culturales ni en creencias religiosas o espirituales y ha remarcado que constituye una vulneración de los derechos humanos que se da "en los cinco continentes".
La propuesta socialista recoge varias líneas de intervención, entre ellas reforzar la cooperación internacional de España con un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas, así como desarrollar políticas preventivas mediante la educación en igualdad y campañas de sensibilización. Asimismo, plantea promover en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la instauración de un día internacional para la eliminación del matrimonio forzado, en coherencia con los objetivos de la Agenda 2030.
"Señorías, todos sabemos que compartir la vida con alguien solo puede nacer de una decisión libre, del respeto, de la igualdad, del afecto, porque el cariño verdadero no se impone y si se impone no es cariño, sino que es violencia", ha enfatizado Cercas desde la tribuna.
En nombre del PP, Ana Alós ha calificado el matrimonio forzado como una "lacra real y gravísima", pero ha puesto en duda la autoridad del Ejecutivo para liderar una ofensiva internacional en este ámbito. A su juicio, el Gobierno mantiene una política exterior "basada en el silencio cómplice" ante Estados donde, según ha apuntado, se permiten o toleran estas prácticas.
"Señorías, esto tiene un nombre, hipocresía, porque su proposición no de ley habla de seguir promoviendo medidas, de seguir impulsando, de seguir trabajando, pero la realidad es que su Gobierno no está liderando nada", ha señalado la diputada popular. Alós ha defendido que la respuesta frente al matrimonio forzado debe apoyarse en herramientas "realistas", una coordinación internacional efectiva y una evaluación rigurosa de los resultados, y ha acusado al Gobierno de convertir su política de igualdad en un mero "escaparate".
Por parte de Sumar, Viviane Ogou ha situado el matrimonio forzado dentro de lo que ha definido como "esclavitud moderna" y ha alertado sobre la existencia de redes y dinámicas transnacionales que sostienen esta práctica.
Sumar introduce el foco socioeconómico
En este marco, Sumar ha registrado una enmienda a la proposición no de ley socialista para reforzar el enfoque socioeconómico en la lucha contra el matrimonio forzado. "Sabemos que para erradicar el matrimonio forzado es una cuestión que se tiene que hacer con concienciación, pero creemos que la cuestión económica tiene que ser central en esta batalla", ha subrayado Ogou, defendiendo que la pobreza y la falta de oportunidades son factores clave.
En representación de Vox, María de los Reyes Romero ha insistido en que "sin consentimiento no hay matrimonio", sino "sometimiento", y ha tildado estas prácticas de "barbarie". Ha relacionado además el incremento de casos en España con la política migratoria del Ejecutivo, al que ha acusado de promover una "inmigración ilegal y descontrolada" y de transformar el espacio público en "escenarios de problemas importados".
"Señorías del Partido Socialista, basta ya de postureo y de buenismo irresponsable. Sus políticas, bajo el pretexto de ser humanitarias y feministas, están causando graves daños a los españoles y especialmente a las mujeres y en los barrios más humildes. Ustedes están convirtiendo nuestras calles en escenarios de problemas importados", ha manifestado Romero.
Según Vox, para poner fin al matrimonio forzado es necesario retirar las subvenciones públicas a entidades que lo amparen o no cooperen en su eliminación, diseñar un protocolo nacional que involucre a todas las Administraciones en la lucha contra esta "lacra" en España y "endurecer el Código Penal para castigar esta barbarie como se merece".
Desde Junts, Pilar Calvo ha reivindicado un abordaje basado en los derechos humanos, la educación y la cooperación internacional, que incluya acceso a la enseñanza, a la higiene menstrual y a recursos esenciales. Ha reclamado que, para que la iniciativa resulte "creíble", se dote de financiación suficiente a las comunidades autónomas.
El diputado de ERC Jordi Salvador I Duch ha avanzado el respaldo de su grupo a la proposición, pero ha exigido mayor dotación material y presupuestaria. "No somos demasiado partidarios de que los grupos del Gobierno aporten proposiciones no de ley, sin más. Nos gustaría que vinieran acompañados de algo más de materia", ha indicado.
Por último, la representante del PNV, Nerea Renteria, ha advertido de que "el reto no es aprobar más marcos", sino garantizar que lo que se apruebe "sirva para algo". "Esta proposición no de ley puede ser útil, pero solo si se traduce en políticas concretas, medibles y eficaces", ha concluido.