¿Es necesario recuperar el impuesto energético? España impulsa, junto a otros países, la creación de un nuevo gravamen a nivel comunitario aplicado sobre los beneficios extraordinarios de las compañías del sector.
El Congreso, hasta el momento, no se ha pronunciado y el PSOE que los grupos políticos se 'mojen' al respecto. Con tal fin, ha registrado en la Cámara una proposición no de ley para su discusión y votación en el Pleno.
Los socialistas recuerdan que esta iniciativa ya fue respaldada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto con sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, a través de una carta remitida a la Comisión Europea para reclamar la creación de este tributo a escala comunitaria.
Ahora, el PSOE retoma aquella petición y la traslada al Congreso mediante una proposición no de ley cuyo propósito es aliviar el impacto sobre consumidores y contribuyentes. La formación subraya que la propuesta "pretende que los costes para Europa de la reciente crisis provocada por la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán no recaigan exclusivamente sobre los consumidores y el erario público".
El Grupo Socialista añade que considera "justo y razonable" que, en la medida en que las grandes empresas del sector energético estén registrando beneficios extraordinarios por la intensa subida de los precios de los combustibles fósiles, deban aportar "también de manera extraordinaria a paliar sus efectos".
Asimismo, el PSOE incide en que el enfoque no es novedoso y recuerda que, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Unión Europea aprobó una contribución temporal de solidaridad, una figura que también aplicó el Gobierno de España. "La situación actual presenta importantes paralelismos con la del año 2022, lo que justifica la adopción de una herramienta fiscal excepcional similar a la de entonces", sostiene el PSOE.
La proposición advierte, en cualquier caso, de que el nuevo impuesto debe diseñarse con un cálculo adecuado de la base imponible, de forma que su aplicación no se traduzca en un incremento de los precios finales y termine repercutiendo sobre la ciudadanía en lugar de gravar realmente los beneficios extraordinarios de estas grandes compañías energéticas.