El PSOE y el PP han rechazado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley registrada por Sumar que pretendía, entre otros fines, impulsar la búsqueda de un sustituto al Euríbor y al IRPH como referencias principales de las hipotecas.
El grupo plurinacional había llevado esta iniciativa a la Comisión de Economía del Congreso con la intención de abrir la puerta al análisis de nuevos índices de referencia hipotecaria distintos del Euríbor y del IRPH, con el objetivo de reducir la dependencia de los hogares de indicadores afectados por limitaciones estructurales, ausencia de volumen de operaciones en determinados tramos, una volatilidad superior a la recomendable para contratos de larga duración y un mayor riesgo de manipulación.
Apoyos y votos en contra
La propuesta únicamente ha contado con el respaldo de Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. El PNV ha optado por la abstención, mientras que PSOE, PP y Vox han votado en contra, lo que ha supuesto el rechazo definitivo de la iniciativa.
Junto a la reclamación de un nuevo índice hipotecario, el grupo parlamentario incluía en su texto la exigencia de aprobar cambios normativos para limitar la comercialización de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual “exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota”.
El documento incorporaba además otras demandas, como revisar el régimen de comercialización de las hipotecas mixtas; analizar, en el plazo de un año, el impacto distributivo y social del actual modelo hipotecario español sobre la estabilidad financiera de las familias; y legislar sobre el “importante desequilibrio” a la hora de determinar la abusividad de cláusulas no transparentes.
Finalmente, Sumar reclamaba aprobar las reformas legales necesarias para permitir la revisión de sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del TJUE en relación con el IRPH, con el propósito de dar pleno efecto a esa jurisprudencia y corregir los casos en los que los tribunales españoles se hayan pronunciado en sentido contrario a la doctrina europea de obligado cumplimiento.