La regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno sigue su curso después de el Tribunal Supremo haya rechazado la petición de suspensión cautelar presentada por la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones (Hazteoír, Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica).
Con esta decisión, el procedimiento seguirá activo mientras el Alto Tribunal estudia el fondo de los recursos contra una medida que ha recibido ya 549.546 solicitudes a fecha de este viernes, según los datos aportados por la Abogacía del Estado.
De esas peticiones, se han tramitado ya 146.675 expedientes y 91.905 han sido admitidos por ahora, mientras el resto continúa en fase de revisión administrativa, según el Ejecutivo.
Un proceso bajo escrutinio político y judicial
Las vistas celebradas en el Supremo no analizaban la legalidad del decreto, sino si debía paralizarse de forma cautelar hasta resolver los recursos.
Los recurrentes, Comunidad de Madrid, Vox y las citadas asociaciones, argumentan que la regularización podría generar presión sobre servicios públicos como sanidad o educación, además de afectar al sistema administrativo.
El Gobierno por su parte sigue defendiendo que se trata de un procedimiento reglado destinado a regularizar a personas que ya residen en España en situación irregular, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Un volumen de solicitudes superior al previsto
El Ejecutivo había estimado inicialmente unas 500.000 personas potencialmente beneficiarias, pero la cifra de solicitudes ya supera esa previsión antes de que finalice el plazo, previsto para el 30 de junio.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que el ritmo de solicitudes podría estabilizarse en las próximas semanas y que los datos actuales aún están sujetos a depuración por posibles duplicidades o expedientes incompletos.
Desde el Gobierno se sostiene que la medida, aprobada el 14 de abril mediante el Real Decreto 316/2026, busca integrar a personas ya residentes en el país, facilitar su acceso al empleo formal, incrementar la recaudación mediante cotizaciones y reducir situaciones de vulnerabilidad social.
Organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes y la Asociación Pro Derechos Humanos de España han respaldado el proceso y han rechazado los argumentos de colapso de servicios públicos.
Estas entidades defienden que la regularización puede mejorar la cohesión social y garantizar derechos básicos a miles de personas.