El Pleno del Congreso ha dado luz verde este miércoles a una proposición que urge al Gobierno a analizar la posibilidad de conceder indemnizaciones y otras fórmulas de compensación y reparación a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo del franquismo donde se internaba a jóvenes para "reeducarlas" y que operó entre 1941 y 1985.
La iniciativa, una proposición no de ley registrada por ERC y modificada mediante enmiendas del PSOE y Junts, ha sido aprobada con el rechazo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), mientras que el resto de grupos de la Cámara Baja ha respaldado el texto acordado.
En esencia, el Congreso insta al Ejecutivo a modificar la Ley de Memoria Democrática para que estas mujeres sean reconocidas como víctimas de la "represión de género" ejercida a través de una estructura "propia del nacionalcatolicismo destinada a imponer un modelo social basado en la sumisión y la negación de la libertad personal".
En la versión inicial de la propuesta, ERC reclamaba fijar ya un sistema de indemnizaciones para las afectadas, pero el PSOE sólo aceptaba comprometerse a estudiar esa vía, fórmula que finalmente se ha incorporado al texto consensuado entre las tres formaciones.
Inventario y protección de los archivos
El acuerdo aprobado incluye también el diseño de una estrategia específica de información y difusión sobre los derechos que se reconozcan a las víctimas, así como la fijación de un plazo de un año para elaborar un inventario completo de toda la documentación relativa al Patronato que se halle en archivos de organismos públicos, en coordinación con las comunidades autónomas, "garantizando su participación efectiva en la identificación, recopilación y gestión de dichos fondos documentales".
Otro de los puntos del texto plantea poner en marcha medidas para "localizar, identificar y garantizar la preservación" de los documentos que se encuentren en centros o instituciones bajo gestión de congregaciones religiosas u otras entidades privadas que hubieran intervenido en el funcionamiento de los reformatorios del Patronato.
Conforme a lo acordado, el Gobierno deberá además realizar un inventario de los centros, instituciones y establecimientos que en algún momento dependieron o mantuvieron vínculos con el Patronato, y constituir un grupo de trabajo integrado por personas expertas y representantes de las víctimas, encargado de examinar toda la documentación reunida y formular propuestas para su conservación y difusión.
Finalmente, la iniciativa de los republicanos catalanes también llama al Ejecutivo a definir posibles actuaciones que permitan avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y en el desarrollo de políticas de verdad, justicia y reparación.