El Ministerio del Interior ha admitido que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acumula una deuda de 76,3 millones de euros por los gastos derivados de la atención sanitaria a personas reclusas desde 2018. En ese mismo periodo, se han abonado ya 121,4 millones de euros a las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid es la más afectada, al concentrar 27,2 millones de euros pendientes de pago, el 35% del total. Desde 2018 ha recibido, por este mismo concepto, 21 millones de euros, según consta en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press.
A continuación figura Andalucía, con 14,8 millones de euros aún sin abonar y 9,9 millones ya transferidos. El resto de autonomías con mayor volumen de deuda se sitúan a bastante distancia en términos absolutos: Baleares (7,2 millones), Aragón (6,6 millones), Canarias (5,5 millones), Castilla y León (4,5 millones) y Galicia (3,4 millones).
Pendiente el traspaso de la sanidad penitenciaria
En su contestación, el Ministerio del Interior recuerda que para la Administración Penitenciaria constituye un “objetivo estratégico” culminar el traspaso de servicios y funciones de sanidad penitenciaria, en aplicación de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Hasta la fecha, este proceso se ha completado en el País Vasco (2011) y Navarra (2021), además de Cataluña, donde la asunción de competencias se produjo antes de la entrada en vigor de dicha ley. La disposición adicional sexta de la norma establece la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud y su traspaso a las comunidades autónomas.
La información ha sido facilitada por el Gobierno en una respuesta escrita al PP, que solicitó el detalle de las cantidades abonadas y pendientes por parte de Instituciones Penitenciarias a cada comunidad autónoma por la asistencia sanitaria a reclusos desde 2018 hasta la actualidad.
Convenios para reforzar la atención sanitaria en prisión
El Ministerio del Interior señala que, mientras no se complete el traspaso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “viene haciendo importantes esfuerzos, a todos los niveles”, para garantizar la prestación sanitaria dentro de las cárceles.
En esta línea, destaca la firma de convenios con distintas comunidades autónomas en materia de asistencia sanitaria, interoperabilidad de la Historia Clínica Digital y desarrollo de servicios de telemedicina.
Según Interior, estos acuerdos permiten que los profesionales sanitarios de los centros penitenciarios accedan a los datos registrados por los servicios públicos de salud, tanto de atención primaria como especializada, de las personas privadas de libertad que se encuentran ingresadas en estos establecimientos.