QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Después de una semana en la que el aniversario de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 y el funeral de Estado por las víctimas mortales de la riada han devuelto al foco político y social nacional al president de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien se le reclaman explicaciones y responsabilidades por su papel durante aquella crisis, la hoja de ruta de la investigación judicial sobre la gestión de la dana complica aún más la posición del mandatario valenciano con la comparecencia el lunes ante el Juzgado de Instrucción de Catarroja de la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con Mazón el día de la catástrofe.
Se espera que el interrogatorio a la periodista aporte detalles sobre la cronología de aquella jornada que dejó 237 fallecidos y una emergencia civil sin precedentes en la Comunitat Valenciana. Vilaplana mantuvo un almuerzo con el president en el restaurante El Ventorro mientras el temporal se intensificaba. La jueza instructora busca esclarecer tiempos, llamadas y disponibilidad institucional durante aquel momento crítico. Una de las acusaciones particulares ha solicitado, incluso, el ticket de aparcamiento de la periodista para precisar la hora exacta de su salida del establecimiento hostelero, algo que le solicitará la magistrada.
Distintas fuentes jurídicas consideran que el testimonio de Vilaplana puede aportar “matices relevantes” para reconstruir la cadena de mando. Aunque Mazón es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia y no puede ser investigado, la jueza sí puede preguntar por hechos que afecten indirectamente a su actuación. La comparecencia no implica imputación, pero sí puede abrir nuevos escenarios en la esfera política.
La declaración de Vilaplana puede tensar la responsabilidad política del president sin necesidad de cruzar el umbral penal
En Presidencia de la Generalitat insisten en que el relato oficial es “coherente y transparente”. Sin embargo, los registros audiovisuales, las llamadas y la cronología han sido objeto de revisión constante en las últimas semanas. Grupos de la oposición denuncian una “reconstrucción adaptativa” de la versión del Consell a medida que avanza la instrucción del caso.
Por su parte, Carlos Mazón ha anunciado una próxima comparecencia en la que dará explicaciones sobre el día de la dana, aunque sin concretar ni fecha ni formato. Al mismo tiempo, este jueves pedía un «tiempo de reflexión» tras lo vivido durante el funeral de Estado por las víctimas, cuando familiares de estas lo increparon.
¿Hubo desatención institucional?
La declaración de Vilaplana puede tensar la responsabilidad política del president sin necesidad de cruzar el umbral penal: la jueza está habilitada para recabar hechos, evaluar contradicciones y, si lo considerase pertinente, elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La clave está en determinar si hubo desatención consciente del deber de mando durante las horas críticas de la emergencia.
Más allá de las implicaciones políticas, la presión social sobre Mazón no sólo no remite sino que se ha incrementado en la última semana. Familias de víctimas y asociaciones civiles le reclaman explicaciones públicas y una mayor transparencia institucional, cuando no directamente su dimisión.
El desgaste reputacional de la figura de Mazón podría tener consecuencias en el próximo ciclo electoral
Tras la comparecencia de Vilaplana, continuará el escrutinio sobre el jefe del Consell, quien el 17 de noviembre deberá acudir a la comisión de investigación sobre la dana del Congreso, una cita en la que se le ha pedido, desde la dirección nacional de su partido, que dé todas las explicaciones necesarias para aclarar de una vez por todas su papel en la gestión de la dana.
Si bien la estabilidad del Ejecutivo autonómico valenciano no está en cuestión a corto plazo, el desgaste reputacional de la figura del president podría tener consecuencias en el próximo ciclo electoral.
La narrativa de los hechos que salga del juzgado el lunes será decisiva para determinar si la crisis se limita a un plano judicial o si se convierte en un problema estructural para Mazón. Lo que ocurra en esa sala no definirá una imputación, pero sí la percepción pública de cómo respondió —o dejó de responder— la Generalitat en la peor catástrofe natural reciente de la Comunitat Valenciana.
El efecto declaración Vilaplana sobre el aforado Mazón
Aunque, tal y como hemos apuntado, Carlos Mazón es aforado (ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, TSJCV), la comparecencia de Maribel Vilaplana ante la jueza de la dana puede influir en el perímetro de investigación con los siguientes matices:
1. La jueza sí puede preguntar por actos, decisiones, órdenes y comunicaciones que hayan tenido lugar durante la emergencia
La condición de aforado no blinda la narración de hechos, sino solo impide dirigir la investigación directamente contra él en primera instancia.
La jueza puede formular preguntas sobre cronología, conducta, presencia física, interacciones, conciencia situacional y tiempo de reacción del president.
2. El testimonio puede aportar indicios de responsabilidad política sin imputación formal
Aunque la jueza no puede investigarlo directamente, puede alumbrar lagunas que después:
- activen comisiones parlamentarias,
- abran la puerta a investigaciones complementarias,
- intensifiquen la presión institucional sobre el Consell.
3. Diferencia clave: responsabilidad política vs. responsabilidad penal
4. La declaración puede evidenciar contradicciones en el relato oficial
Si el testimonio diverge de: las agendas públicas, los partes de coordinación, las líneas de tiempo aportadas por Presidencia la oposición obtendrá un argumento estructural de negligencia
5. La jueza sí puede remitir indicios al TSJCV
Si de la declaración resulta que: hubo omisión de deberes esenciales, hubo desatención consciente, hubo falsedad documental posterior, la instructora puede elevar exposiciones razonadas.
6. Riesgo político: efecto bola de nieve
Los tribunales pueden no imputar a Mazón pero comisiones, víctimas y grupos civiles sí pueden consolidar un relato de desatención institucional que, incluso, pese más que un atestado.
