La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado su "más profundo pésame" a los familiares de los agentes fallecidos este viernes en aguas de Huelva durante una operación marítima contra el narcotráfico, lamentando que "la administración tenía las advertencias sobre la mesa" pero "las ignoró".
En su comunicado, la organización también traslada su "solidaridad" y su "deseo de pronta recuperación" a los guardias civiles que permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado grave y otro con lesiones de carácter leve.
La AUGC detalla que el operativo "se inició a las 08,00 horas cuando una lancha semirrígida y la embarcación interceptora 'Río Antas', sexta unidad del modelo HS60 construida por el astillero gallego Aister y entregada al Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Semar) en diciembre de 2025, estaban interceptando una narcolancha a entre 60 y 80 millas de la costa onubense", en un área marítima situada "entre Punta Umbría y Mazagón".
Según la asociación, "el choque entre dos de las embarcaciones durante la persecución ha costado la vida de dos agentes y ha dejado a otros dos fuera de combate".
En relación con la embarcación, precisan que la 'Río Antas' cuenta "con cinco meses de vida" y forma parte de las unidades "más capaces" de la flota del Semar". Dispone de "18 metros de eslora y consigue más de 60 nudos de velocidad máxima", por lo que la AUGC advierte de que "incluso con ese medio se produzca una tragedia de esta magnitud dice más sobre las condiciones del escenario operativo que sobre el equipamiento de la embarcación".
La asociación subraya que "el narcotráfico no eligió Huelva por azar" y lo vincula a que "la creciente presión policial en el Campo de Gibraltar empujó a las organizaciones criminales hacia el oeste, consolidando la costa onubense como uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa". Añade que la Comandancia de Huelva "opera con cerca de 300 agentes menos de los que debería tener", lo que implica "un déficit cercano al 20% de su plantilla teórica" y que "tiene la mitad de agentes especializados en lucha antidroga que la de Cádiz".
"Esto no es un accidente imprevisto. Es la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la administración, que optó por no actuar", sostiene la AUGC, que recuerda que elevó a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales varias peticiones concretas.
Entre esas solicitudes figuraba una "evaluación específica del riesgo laboral derivado de las intervenciones marítimas frente al narcotráfico, atendiendo a la elevada peligrosidad y desproporción operativa", así como fijar una dotación "mínima de cuatro efectivos" por unidad "en misiones con posibilidad de abordaje o contacto físico con tripulaciones hostiles".
La asociación reclamó igualmente limitar el empleo de embarcaciones semirrígidas "sin protección" a tareas de vigilancia "no hostil", acompañadas de "dotación de medios de visión nocturna, cabinas o pantallas de protección física y medios disuasorios no letales". También pidió la revisión del protocolo de activación de las embarcaciones rápidas tipo HS60, "para que pueda ser inmediata y descentralizada en situaciones de urgencia operativa".
Frente a ello, la AUGC reprocha que la "respuesta de la administración" fue que "no es competencia de la Comisión la limitación en el uso de embarcaciones semirrígidas a funciones de vigilancia no hostil, porque quien debe valorarlo es precisamente la tripulación, tanto la del servicio marítimo como la tripulación operativa, que en un momento determinado son los que van a tener que intervenir".
"La administración respondió que el criterio sobre si una embarcación sin protección debe enfrentarse a una narcolancha armada corresponde al agente que ya tiene encima el problema. Sin protocolo, sin dotación adecuada, sin respaldo previo de ningún tipo", denuncia la asociación, que concluye que "ese es el nivel de la respuesta institucional a las advertencias".