QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Cerrar la ponencia y los trabajos de comisión esta semana para llevarlo al último pleno del Congreso de este año. Ese era el calendario que manejaba el Gobierno para tramitar el proyecto de Ley de regulación de los grupos de interés, la conocida como Ley de lobbies, pero las previsiones quedan ahora en el aire tras la reunión de ponencia celebrada ayer.
El encuentro sirvió para acercar posturas respecto a asuntos como la definición de personal público susceptible de influencia, el proceso de inscripción en el Registro de grupos de interés o el diseño del propio Registro, pero los trabajos siguen abiertos ante la ausencia de una mayoría suficiente que permita aprobar el texto en el Pleno, tal y como confirman a Demócrata fuentes de varias de las formaciones presentes en la ponencia.
Sin fecha oficial todavía para una nueva convocatoria de la ponencia, los grupos consultados la sitúan ya en diciembre, lo que dificulta sobremanera la aprobación del dictamen en comisión para intentar la aprobación del texto en el Congreso de los Diputados en el último pleno previsto para 2025, que se celebrará entre el 9 y el 11 de diciembre. Así, pese a que la redacción final estaría ya bastante perfilada, la falta de apoyos garantizados para sacar adelante el proyecto de ley es lo que ha empujado a no dar carpetazo a la fase de ponencia y dejar abierto el informe que se tiene que llevar a la Comisión de Hacienda y Función Pública.
¿Otro año más sin regular los grupos de interés?
La falta de regulación de los grupos de interés es una carencia que España arrastra desde hace ya años, como vienen señalando de forma sucesiva diferentes organismos internacionales, como la OCDE, el Grupo de Estados contra la corrupción (Greco) del Consejo de Europa o la propia Comisión Europea en sus informes sobre el Estado de Derecho en los países miembro de la UE, por lo que el de lobbies es uno de los proyectos en los que los dos partidos mayoritarios podrían entenderse en estos momentos en las Cortes.
La negativa de Vox a la propuesta normativa del Gobierno y la voluntad de Junts de votar en contra del texto, hacen imprescindible la participación del PP para que la norma tenga luz verde, bien con su voto a favor o con una abstención. Preguntados a este respecto, fuentes del Grupo Popular en el Congreso dejan abiertos todos los escenarios, incluido el ‘No’, sobre su posicionamiento a la hora de pronunciarse sobre el dictamen en comisión y en el Pleno.
Aunque un eventual ‘No’ de PP, Vox y Junts en la comisión podría salvarse por el Gobierno y sus socios (la composición de las comisiones en esta legislatura no es proporcional a la representación en el Pleno), las mismas posiciones sobre el dictamen llevado a pleno sumarían 176 noes, la mayoría absoluta de la Cámara.
Una solución temporal para supervisar los ‘lobbies’
Uno de los puntos de desencuentro es la autoridad u organismo encargado de la supervisión de los grupos de interés afectados por la norma, así como de la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores para quienes vulneren las obligaciones de la ley. Mientras que la propuesta del Gobierno abogaba por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) tanto para el proceso administrativo como para las labores de vigilancia y aplicación, los grupos Popular, Sumar y de EH Bildu planteaban en sus enmiendas que se encargara de ello una autoridad independiente dada la adscripción de la OCI al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Ahora mismo, la ponencia constituida en el seno de la Comisión de Hacienda y Función Pública tiene sobre la mesa el siguiente planteamiento: el ministerio de Óscar López habría accedido a que sea un órgano independiente el encargado de supervisar, incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores, pero no de forma inmediata. Para ello los grupos del Gobierno y sus socios parlamentarios han acordado que durante un año las labores administrativas de la llevanza y gestión del Registro de grupos de interés se mantengan en la OCI y que sea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno —con dependencia funcional del ministerio de López— quien ostente el resto de competencias.
El Ejecutivo tendría así un plazo de doce meses para conseguir la aprobación y puesta en marcha de una agencia independiente con todas las atribuciones en materia de lobby en lo que respecta a la Administración General del Estado (AGE) y su sector público asociado. Desde el Gobierno se apunta para ello a una futura Agencia de Integridad Pública, el macro órgano supervisor esbozado en el Plan de lucha contra la corrupción y cuya creación estaría prevista en la Ley Orgánica de Implementación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que actualmente se encuentra en fase de elaboración del anteproyecto de ley.
No a la Oficina de Conflictos de Intereses
La solución satisfaría en gran medida las demandas de Sumar y EH Bildu —los de Yolanda Díaz proponían en sus enmiendas la solución transitoria del Consejo de Transparencia, aunque con más recursos y plena autonomía respecto al Ejecutivo —, pero no así las del Partido Popular, como trasladan fuentes del grupo a este medio. Si bien el PP abogaba en varias de sus enmiendas por una autoridad independiente como responsable tanto de la gobernanza y gestión del Registro como del resto de funciones de apertura, instrucción y resolución de expedientes sancionadores, la permanencia de la OCI que ahora mismo baraja la ponencia no les convence.
Para sacar de la ecuación a la Oficina de Conflictos, cuyo máximo responsable se nombra directamente por el Gobierno, los populares piden en sus enmiendas que en lo que se tarde en constituir la autoridad independiente, sea el Consejo de Transparencia, «con plena autonomía funcional respecto del Ejecutivo» quien se encargue de todas las funciones atribuidas al futuro ente. Para garantizar el desempeño de las competencias reclaman una disposición transitoria por la que los Presupuestos Generales del Estado doten al Consejo de los recursos «humanos, materiales y financieros suficientes».
Desde el PP recelan sobre la viabilidad de aprobar una autoridad independiente como la Agencia de Integridad Pública en el plazo de un año (cabe señalar aquí la situación cada vez más complicada para el Gobierno a la hora de sacar adelante iniciativas legislativas) y demandan que su creación y regulación quede incluida en la propia Ley de lobbies.
Los otros desencuentros con el PP
Pese a que la ponencia está abierta y por lo tanto hay tiempo y espacio para nuevas propuestas, hay dos aspectos de los solicitados por el Grupo Popular vía enmiendas que ya han sido desestimados. Por un lado, que la inscripción en el Registro de grupos de interés tenga «efectos plenos» en todo el territorio nacional y sirva para ejercer la labor de influencia también ante las administraciones autonómicas y locales.
Respecto a ese punto, desde los grupos del Gobierno y sus socios parlamentarios señalan a Demócrata consideran que no es posible por cuanto supondría una invasión de competencias al tiempo que destacan que esta no es una Ley de Bases que sirva de marco de referencia para legislar al resto de administraciones. Hay que recordar que la regulación de los grupos de presión a nivel nacional llega años después de que varias CCAA y entidades locales ya dispongan de sus propios registros y normativa en la materia.
En consonancia con lo anterior, tampoco se verá atendida la demanda del Grupo Popular de homogeneizar la definición de grupo de interés, de forma que esta pudiera ser igual en todo el territorio. En ese sentido, el PP tiene planteadas enmiendas a la reforma del Reglamento del Congreso para regular la relación de los lobbies con la Cámara Baja con las que pretenden igualar lo que se entiende por actividad de grupo de presión tanto en la AGE y su sector público institucional como en el Legislativo.
Acuerdos sobre el Registro y la definición de personal susceptible
En el capítulo de acuerdos en principio cerrados por la mayoría de grupos y que Demócrata ha podido conocer está la modificación de lo que se entiende por personal público susceptible de influencia.
La ponencia habría aceptado ampliar el artículo 3 del proyecto de ley para que afecte también a todas «aquellas personas que ocupen cargos de confianza o asesoramiento y que participen en la toma de decisiones o en el diseño de políticas públicas», más allá de los gabinetes del presidente, ministros y secretarios de Estado. Además, se incluiría explícitamente a los miembros de órganos consultivos y asesores «vinculados a la formulación de políticas públicas dentro de la Administración General del Estado».
Otro de los aspectos técnicos incluidos por la ponencia a partir de las enmiendas de los grupos es que los datos del Registro se difundan en formatos abiertos e interoperables, como de diferentes formas reclamaban PP, Sumar y ERC.
Sobre el funcionamiento del Registro, se habría aceptado que, cuando un grupo de interés registre su solicitud de inscripción, reciba «automáticamente un justificante de la presentación de la declaración responsable» y que esto sirva para ejercer automáticamente la labor de influencia legítima amparada por la ley, frente al plazo de hasta tres meses que concedía la propuesta del Gobierno para resolver las solicitudes de inscripción.
Desaparecería también la excepción contemplada en el proyecto del Ejecutivo por la que «con carácter excepcional», el personal público podía relacionarse con un grupo de interés sin que este haya solicitado inscripción en el Registro, siempre y cuando se comprometiera por escrito a hacerlo en el plazo de los tres días siguientes a al contacto, encuentro o reunión.
