El Gobierno prepara una ley orgánica y la Ley de Administración Abierta para implementar el Plan de lucha contra la corrupción

Este martes, 16 de septiembre, el Congreso debate la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de prevención de la corrupción. Los de Yolanda Díaz hacen uso así de su cupo parlamentario para llevar al Pleno una iniciativa que registraron hace más de un año y que desempolvan como reacción al informe de la UCO sobre el que fuera secretario general del PSOE Santos Cerdán. Antes del pleno en la Cámara Baja, los socialistas han movido ficha para impulsar su propia propuesta, la Agencia de Integridad Pública, contenida dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.

El plan, presentado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado 9 de agosto en el Congreso de los Diputados, y formalizado en el Consejo de Ministros del 26 del mismo mes, es una suerte de hoja de ruta con quince medidas articuladas en torno a cinco ejes de actuación. Ahora, el Gobierno se dispone a desplegar en todo o en parte hasta 11 de las medidas con un único texto, la Ley Orgánica de Implementación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, cuya tramitación ha comenzado esta semana con la apertura por el Ministerio de Hacienda de la consulta pública previa a la redacción de la norma.

El plazo ha comenzado el 10 de septiembre y finaliza el próximo día 25. Si desea participar con sus alegaciones o aportaciones, pulse aquí para acceder a la página del proceso en Hacienda, ministerio encargado de la coordinación del plan mediante la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal. El órgano está presidido por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero. Junta a ella la integran los titulares de los ministerios de Trabajo, Presidencia, Interior, Cultura, Transformación Digital y Función Pública y el jefe de gabinete del presidente.

Cambios en leyes orgánicas y ordinarias

Con esta iniciativa legislativa, el Gobierno quiere «definir la arquitectura legal y los medios necesarios para reforzar la integridad pública y combatir la corrupción». En la práctica esto de traduce en cambiar multitud de leyes, varias de ellas que afectan a derechos fundamentales (de ahí el rango de ley orgánica de la norma), con el fin de poner en marcha hasta nueve de las quince medidas que se incluyen en el plan, entre ellas la Agencia de Integridad Pública, una pretendida autoridad independente sobre la que pivota parte de la estrategia anticorrupción del PSOE.

En la misma línea de actuación, hace dos semanas se abría el proceso de consulta pública previa para el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, y la semana pasada se cerró el plazo de enmiendas en el Congreso para la Ley de regulación de lobbies, leyes ambas que también forman parte del paquete de medidas del plan gubernamental de lucha contra la corrupción.

A falta de que se elabore una propuesta concreta de anteproyecto, la ficha informativa de la consulta pública adelanta una enumeración de las leyes a reformar para desarrollar «muchas de las medidas contenidas en el Plan Estatal». En lo que a leyes orgánicas se refiere, la futura Ley Orgánica de Implementación del Plan afectará a:

• Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
• Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos.
• Ley Orgánica del Poder Judicial.
• Ley Orgánica del Código Penal.

Por el lado de las leyes ordinarias, el documento de consulta pública avanza la intención de alterar la redacción actual de:

• Ley de Contratos del Sector Público.
• Ley General de Subvenciones.

Además, del documento informativo de la consulta pública del Proyecto de Ley de Administración Abierta (en plazo de alegaciones hasta el 22 de septiembre) se puede inferir, que en lo que al Plan contra la corrupción respecta, se introducirán cambios en:

• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
• Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿En qué medidas concretas del plan se trabaja?

Un examen a los objetivos de las fichas informativa, las actuaciones anunciadas y las leyes a modificar en relación con el contenido del Plan contra la corrupción permite concluir que la futura ley orgánica y la de Administración Abierta van a dar desarrollo a las medidas que a continuación se detallan (la numeración corresponde a la del número de medida dentro del Plan anticorrupción):

Eje de prevención y controles frente a la corrupción

1. Creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. Concebida como órgano central de de prevención, supervisión y persecución de la corrupción. La pretensión es que asuma competencias en esas materias que hasta ahora se encuentran repartidas entre organismos como la Intervención General del Estado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Oficina de Conflictos de Intereses, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) y la Autoridad Independiente para la Protección del Informante.

3. Impulsar la Ley de Administración Abierta y fomentar la participación ciudadana en la prevención de la corrupción. Con la promesa pendiente de una reforma de la Ley de Transparencia desde la pasada legislatura, la alusión a una Ley de Administración Abierta es una constante en las alegaciones del Gobierno de España a los informes del Grupo de Estados de contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa o los de evaluación del Estado de Derecho realizados por la Comisión Europea.

Ausente del Plan Normativo de 2025 del Gobierno, aprobado en abril, se pretende regular en ella: códigos de conducta para altos cargos, asesores y personal directivo; régimen de publicidad de los asesores de los gabinetes y de las agendas de altos cargos; una reforma del Portal de la Transparencia o dotar de capacidad sancionadora al Consejo de Transparencia estatal. Así se desprende del documento informativo de la consulta pública o de las alegaciones del Gobierno a diferentes informes en los últimos años, como el del GRECO, conocido en agosto, donde el organismo insistía en reclamar a España regulación en materia de aforamientos, asesores o la Oficina de Conflictos de Intereses, entre otros aspectos.

También se pretende vehicular entre esta ley y la orgánica de implementación del plan anticorrupción, un sistema de controles aleatorios de la situación patrimonial de los altos cargos, para lo que se apunta a la reforma de la Ley de Transparencia.

4. Transformar la Plataforma de Contratación del Sector Público. La reforma de la Ley de Transparencia y la de la Ley de Contratos apuntaría a que será en este anteproyecto de ley orgánica donde se aborde al menos en parte la medida de actualizar el portal de contratación.

6. Reforzar el control sobre la financiación y la actividad económica de los partidos políticos. Los cambios en las leyes orgánicas sobre financiación de Partidos Políticos y de Régimen Electoral General tienen por objeto introducir la obligación para partidos y sus fundaciones de someterse a auditorías externas independientes, ampliar las obligaciones de publicidad en materia de donaciones para todas las entregas mayores de 2.500 euros (ahora el umbral es de 25.000 euros) y endurecer las infracciones contables y el régimen de percepción de subvenciones para sancionar los delitos contra la Administración Pública.

Eje de Protección del Informante

7. Independencia y autonomía de la Agencia de Integridad Pública. Dotar de recursos económicos en los Presupuestos Generales del Estado a la agencia. Para ello se establecerá que la asignación anual económica irá en relación con «el volumen de investigaciones realizadas y al número de personas protegidas» dentro del sistema de protección al denunciante.

Eje de Lucha contra la corrupción

Para ello se plantea reforzar las capacidades del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial. En concreto:

• 8.1. Crear secciones anticorrupción y de delitos contra la Administración en los nuevos tribunales de instancia. Se reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial para ello.
• 8.2. Reforzar la Fiscalía Anticorrupción con más medios. Esto quedaría fuera el anteproyecto de ley orgánica de implementación del plan y se haría mediante Real Decreto para ampliar la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.
• 8.3. Ampliar plazos de prescripción de delitos. La modificación del Código Penal perseguiría duplicar los plazos de prescripción de los delitos de cohecho y malversación, así como detener el cómputo «desde la adquisición de la condición de investigado hasta la sentencia firme».
• 8.4. Atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción de los procesos penales. Tampoco forma parte del ambicioso proyecto de ley de implementación del plan, pero cabe recordar que también se trabaja legislativamente en esta medida. En concreto, con el proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, también denominada popularmente como «Ley Bolaños», actualmente en plazo de enmiendas en el Congreso.

9. Control y sanción a empresas corruptoras. Mediante cambios en el Código Penal la futura ley orgánica de implementación del plan también incluiría el endurecimiento de las sanciones a empresas de forma que las multas puedan calcularse sobre el volumen de facturación de la compañía; crear listas negras de contratación pública, acceso a subvenciones o ayudas públicas en el caso de responsabilidad penal por cohecho, tráfico de influencias o malversación.

En este punto, el plan anticorrupción también incorpora la obligación de inscribir en el Registro Mercantil todas las transmisiones de participaciones de una sociedad o la publicación anual en formato electrónico del libro socios en el Registro, entre otras medidas. No es posible saber con la información disponible si estos detalles en concreto se concretarán en la futura norma, extremo que tampoco se es capaz de resolver desde el Ministerio de Hacienda en este momento, como aseguran en respuesta a Demócrata. En cualquier caso, implementarlas requeriría abordar cambios en la Ley de Sociedades de Capital, el Reglamento del Registro Mercantil y la Ley de Hipoteca Mobiliaria.

10. Endurecer castigos y nuevas medidas en los delitos contra la Administración. De nuevo, la revisión del Código Penal se quiere aprovechar para agravar la penalización de obstrucción a la justicia en casos de corrupción, vincular los beneficios penitenciarios a la completa restitución de las cantidades obtenidas o «recuperar el delito de administración desleal del patrimonio público«.

Cabe recordar, que dicho delito fue tocado en la legislatura pasada, en la reforma del Código Penal por la que se suprimía el delito de sedición, cuando se aprovechó para modificar la regulación del delito de malversación del patrimonio público. Como consecuencia de la reforma, con la que desapareció la modalidad de malversación de gestión desleal del patrimonio público, varios de los condenados durante el proceso secesionista de Cataluña vieron reducidas sus condenas.

Eje de recuperación de activos

11. Reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Sin mayor detalle en la ficha informativa del anteproyecto de ley de implementación, más allá de incluir esto entre sus objetivos, el Plan contra la corrupción sí apunta a aprovechar la transposición pendiente de la Directiva UE sobre Recuperación y Decomiso de Activos, de 2024, para reformular las funciones y medios de la ORGA.

12. Crear la figura del decomiso administrativo o decomiso preventivo. Acordar la figura de la incautación de bienes sin sentencia condenatoria, ampliándolo desde el ñambito penal (ya existente) al ámbito civil o administrativo.

Eje de concienciación y sensibilización

13. Formación obligatoria y difusión de buenas prácticas dirigida al personal del sector público. Cambios en el Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso, de los parlamentarios nacionales, en el Código de Conducta de las Cortes Generales.

14. Campañas sociales de concienciación e informar sobre las necesidades y posibilidades de reportar irregularidades en instituciones públicas. Este objetivo queda vinculada a la Agencia Independiente de Integridad Pública, como uno de sus cometidos.

15. Encuesta anual sobre percepción y experiencia de la corrupción. Encargada al CIS, dentro del plan anual del organismo público, se pretende que el diseño del cuestionario se someta a consulta pública y se modifique a través del Foro de Gobierno Abierto.