La realidad cotidiana en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), medio siglo después de su creación, sigue siendo extremadamente dura. La población, que supera las 170.000 personas, depende en gran medida de la ayuda internacional y su mayor temor es desaparecer del radar de la comunidad internacional en un contexto de recursos cada vez más limitados y un número creciente de emergencias humanitarias en todo el planeta.
Las primeras jaimas levantadas en la árida ‘hamada’ argelina por quienes huyeron hace 50 años tras la retirada de España del Sáhara Occidental y la posterior ocupación marroquí fueron dando paso a modestas construcciones de adobe. Ahora, estas están siendo sustituidas por viviendas de ladrillo, más sólidas, un signo evidente de que los saharauis no confían en un retorno a corto plazo ni en una solución rápida a su situación.
La de los saharauis es una de las “situaciones de refugiados más prolongadas a nivel mundial”, reconoce en declaraciones a Europa Press Ikram Houimli, responsable de relaciones externas del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Argelia. Subraya que llevan “en el exilio desde hace cinco décadas en un entorno desértico marcado por las temperaturas extremas, el aislamiento y los recursos naturales escasos”.
En los cinco campamentos situados al sur de Tinduf, sus habitantes afrontan “barreras significativas incluida la pobreza, la desnutrición y las limitadas oportunidades de empleo”, apunta Aline Rumonge, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Argelia. La falta de actividad económica y de medios de vida estables se traduce en una fuerte dependencia de la ayuda exterior para cubrir las necesidades esenciales, hasta el punto de que actualmente “más del 80% de los refugiados dependen totalmente del apoyo humanitario”.
Resistencia, organización y recortes en la ayuda
Los saharauis han respondido a estas dificultades con una notable capacidad de organización interna. Si algo han demostrado y siguen demostrando es su “destacable resiliencia y fuerte organización solidaria”, resalta Houimli. Los propios refugiados corroboran que han tejido una densa red de apoyo mutuo y que cuentan con un sistema muy estructurado de distribución de la ayuda, especialmente la alimentaria, para garantizar que nadie se quede sin lo básico.
Sin embargo, son plenamente conscientes de que la multiplicación de crisis en los últimos años, como la de Gaza, ha relegado su causa a un segundo plano y ha provocado una reducción progresiva de los fondos disponibles. Los recortes presupuestarios de los donantes, entre ellos Estados Unidos, han obligado a priorizar y ajustar programas.
El descenso de la financiación “ha tenido un impacto significativo en la respuesta humanitaria” en los campamentos, admite la responsable de ACNUR, que advierte de que la competencia por la atención y los recursos ha forzado a “los actores humanitarios a tener que tomar decisiones extremadamente difíciles de priorización”.
En el caso del PMA, la caída de las contribuciones, unida al encarecimiento de los alimentos tras la pandemia de COVID-19, obligó a recortar las raciones mensuales y la ingesta calórica en un 30%. “Aunque esta reducción era necesaria para mantener el apoyo al mayor número de beneficiarios posible, ha afectado adversamente el estatus nutricional y el estado de salud de la población refugiada”, reconoce Rumonge. Los refugiados aseguran que los niños enferman con frecuencia.
Desnutrición crítica y recursos insuficientes
Los datos del PMA reflejan la gravedad de la situación nutricional. En el 40% de los hogares el consumo de alimentos es insuficiente, una proporción aún peor cuando se trata de familias encabezadas por mujeres. Solo el 11% de los niños de entre 6 y 23 meses alcanza la dieta mínima aceptable y únicamente el 38% de las mujeres en edad reproductiva consume una dieta con la variedad mínima necesaria. En conjunto, resume la representante del PMA, “todas las formas de desnutrición se mantienen en niveles críticos”.
Cada mes, el PMA reparte ayuda alimentaria valorada en 2,2 millones de euros. Esta se concreta en una cesta que aporta 2.163 kilocalorías por persona, compuesta por 8 kilos de harina de trigo, 2 kilos de arroz, 2 kilos de lentejas, 2 kilos de cebada, 1 kilo de gofio, 750 gramos de azúcar y 920 gramos de aceite vegetal. Además, las mujeres embarazadas y las madres lactantes reciben apoyo económico adicional para complementar su dieta.
Por su parte, ACNUR afronta también un fuerte déficit. Houimli explica que la partida destinada a cobijo, energía y otros artículos no alimentarios, con un presupuesto de 4,4 millones de dólares, apenas ha obtenido financiación este año. Esto repercute directamente en el reparto de materiales de refugio, mantas, utensilios de cocina y en la cobertura de necesidades energéticas básicas.
La falta de fondos afecta igualmente a servicios comunitarios esenciales. Preocupa especialmente la continuidad de “los incentivos que se dan a profesores, trabajadores sanitarios, trabajadores sociales y otro personal de primera línea que desempeñan un papel crítico a la hora de garantizar la continuidad de los servicios esenciales en los campamentos”.
Financiación en riesgo y amenazas externas
En este contexto, la prioridad del PMA es “garantizar financiación adecuada, constante y a largo plazo”, señala Rumonge, recordando que “uno de cada tres niños presenta retraso en su crecimiento y casi el 70% de las mujeres padecen anemia”.
Las agencias humanitarias observan con inquietud el impacto de la inestabilidad en Oriente Próximo, especialmente por el posible encarecimiento de los alimentos asociado al cierre del estrecho de Ormuz y su efecto sobre el coste de la cesta básica que distribuye el PMA. “Esto añade otra capa de incertidumbre”, admite Rumonge, que indica que aún se evalúan las consecuencias finales. Con todo, advierte de que “la persistente brecha de financiación supone una grave amenaza”, ya que hasta mayo el PMA solo había recibido el 11% de los 32 millones de dólares solicitados para asistir a los refugiados saharauis este año.
“En el peor de los escenarios”, alerta la responsable del PMA, “la asistencia alimentaria podría verse suspendida, obligando a niños vulnerables y a sus madres en los campamentos, que ya viven en condiciones precarias, a irse a la cama con hambre”.
Clima extremo, vulnerabilidad y apoyo internacional
A las dificultades económicas se suma el impacto del cambio climático. “Las olas de calor, las inundaciones, las tormentas de arena y la escasez de agua también suponen una presión adicional sobre la ya de por sí frágil infraestructura y servicios” en los campamentos, indica Houimli. Por ello, insiste en que es “crítico” sostener la ayuda en sectores clave como alimentos, salud, educación, agua y cobijo, “particularmente para los más refugiados más vulnerables”.
Ante este panorama, PMA y ACNUR tratan de evitar un deterioro mayor de la situación buscando nuevas fuentes de financiación y concentrando sus esfuerzos en quienes se encuentran en peor situación. “Los esfuerzos se han centrado en diversificar la base de donantes, ampliando las asociaciones más allá de los donantes tradicionales, implicando también al sector privado, fundaciones, instituciones académicas y socios regionales”, detalla la responsable de ACNUR.
España figura entre los países que mantienen su compromiso con la población saharaui refugiada. El Ministerio de Asuntos Exteriores indica a Europa Press que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha canalizado entre 2020 y 2025 ayuda humanitaria por un total de 52.237.315 euros destinada a los campamentos de Tinduf, y que “la intención es la de mantener un nivel de financiación similar” en 2026 respecto al año anterior.