QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Una nueva reforma del Código Penal, esta vez en materia de okupación. Dos semanas después de tomar en consideración la modificación de varios artículos relacionados con la multirreincidencia en casos de hurto o estafa, el Senado debate este miércoles otra proposición de ley que altera el Código Penal, también a instancias del PP. La propuesta del Grupo Popular, que será tomada en consideración gracias a la mayoría absoluta de los de Núñez Feijóo en la Cámara Alta, retoca el capítulo de coacciones.
En concreto, el texto plantea ampliar el artículo 172.1, de manera que «la interrupción de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones», tal y como consta en el documento registrado en el Senado y al que ha tenido acceso Demócrata. De esta manera, los populares quieren que, en caso de allanamiento o usurpación de inmuebles, se legitime al titular de los contratos de suministros de electricidad o agua a dar de baja e interrumpir los suministros de una vivienda o bien okupado con el fin de forzar la salida de los okupas.
En su redacción actual, el Código Penal tipifica el delito de coacciones como empujar a otro, «sin estar legítimamente autorizado», a «efectuar lo que no quiere» o le impida «con violencia hacer lo que lay no prohíbe» (artículo 172.1) y lo castiga con entres tres y seis meses de prisión o con multa de 12 a 24 meses, en función de la gravedad o de los medios utilizados para llevar a cabo la coacción. De esta forma, el bloqueo de suministros para obligar a un okupa al abandono del bien del que disfruta ilegalmente podía considerarse un medio de coacción y por tanto un delito.
En consonancia con los magistrados de Barcelona y Girona
Para motivar su propuesta, el PP en el Senado alude a un acuerdo de los magistrados de las secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en marzo de este año decidieron unificar criterios y por la que se insta desde entonces a que «En caso de que el titular de una finca (en régimen de propiedad o cualquier otro título que habilite su uso), ocupada o que ha sido objeto de allanamiento de morada, no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos, no será constitutivo de un delito de coacciones», tal y como recoge el documento del acuerdo consultado por este medio.
Meses antes, en la misma línea que sus colegas barceloneses, los magistrados de las secciones Penales de la Audiencia Provincial de Girona acordaban, en noviembre de 2024, que «el titular de una finca ocupada no tiene la obligación de mantener el alta de los suministros de dicho inmueble». Y en consecuencia, que «el corte de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones», como figura en el acuerdo de unificación de criterios consultado por Demócrata, una redacción muy similar a la dada por el Partido Popular a su propuesta de reforma del Código Penal, registrada hace un mes en el Senado.
Una ley destinada a quedar en el cajón
Una vez tomada en consideración en el pleno de esta semana de la Cámara Alta, el recorrido de la proposición de ley del PP es muy incierto. Salvo sorpresa, parece condenada a correr la misma suerte que las otras 36 iniciativas legislativas remitidas desde el Senado al Congreso: quedar atrapadas en ampliaciones sucesivas del plazo para registrar enmiendas por decisión de la Mesa de Cámara Baja, donde el PSOE y Sumar gozan de mayoría absoluta.
En el supuesto de que la PL del Grupo Popular consiguiera avanzar en su tramitación hasta poder ser votada en el Congreso, su viabilidad dependería de los siete diputados de Junts y los cinco del PNV.
Entre las proposiciones del Senado paralizadas por la Mesa del Congreso ya hay una de los populares «contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal», en plazo de enmiendas desde marzo del año pasado y que acumula 66 prórrogas. La iniciativa establece lanzamientos de inmuebles ocupados en 24 horas, el aumento de las penas para el delito de usurpación leve o la eliminación de la posibilidad de que los allanamientos puedan ser juzgados por un Jurado popular. En la toma en consideración del Senado solo fue apoyada por el PP, Vox y UPN, mientras que PNV y Junts se abstuvieron.
Junts invita a enmendar su ley en el Congreso
Precisamente de los independentistas catalanes es la otra proposición de ley en materia de ocupación ilegal de inmuebles que hay en tramitación en el Congreso. Pese a que superó la toma en consideración con los apoyos del PSOE (además de PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria), suma ya 22 ampliaciones del periodo de enmiendas. El atasco de esta ley es uno de los bloqueos denunciados por los de Carles Puigdemont a la hora de decidir su ruptura con el Gobierno y los partidos que lo forman.
Preguntados por este medio sobre la PL del PP que se debate el miércoles, desde Junts en el Senado no avanzan la postura que adoptaran a la hora de votar en el Pleno. Si bien trasladan que pueden compartir el diagnóstico de la situación que hacen los populares y el objetivo de la misma de reforzar la seguridad jurídica ante casos de okupación. En cualquier caso, las fuentes de la formación catalana en la Cámara Alta consultadas por Demócrata abren la puerta a que el PP registre su propuesta de modificación del delito de coacción por corte de suministros como enmienda a la proposición de Ley de Junts en el Congreso contra la ocupación ilegal.
Por parte del Grupo Vasco en el Senado (PNV), todavía no tenían decidida su postura al cierre de esta información como trasladaban desde la bancada de los nacionalistas.
