QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, en sesión plenaria del Senado, el Partido Popular ha dado luz verde a un nuevo conflicto de competencias con el Congreso, acusándolo de “bloquear” y “secuestrar” las proposiciones de ley aprobadas en la Cámara Alta. Esta acción inicia formalmente el procedimiento que podría desembocar en el Tribunal Constitucional.
“Lo que está en juego no es una tramitación, lo que está en juego es el propio Estado de derecho,” declaró el senador Antonio Silván, responsable de defender esta medida en el Pleno.
La posibilidad de esta confrontación fue mencionada anteriormente por Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en unas jornadas senatoriales. Previo a este paso, fue necesaria una modificación del Reglamento del Senado, efectuada hace unas semanas.
Este enfrentamiento se suma a otros ya registrados entre ambas cámaras en temas como la Ley de Amnistía, los Presupuestos Generales del Estado y diversas enmiendas legislativas.
Según el proceso establecido, el Senado, aprovechando su mayoría absoluta, ha adoptado oficialmente este conflicto en el Pleno y lo enviará al Congreso, que tiene un mes para responder. De no recibir contestación o si esta es negativa, el Senado podrá decidir si eleva el caso al Tribunal Constitucional.
El PP ha anticipado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional si el Congreso desoye sus reclamaciones, pese a que más de 30 de sus proposiciones de ley han sido aprobadas por la Cámara Alta, muchas de las cuales, según ellos, podrían ser igualmente ratificadas en el Congreso si se mantuviera la coherencia en el voto.
“Hoy España podría ser distinta: Los okupas serían desalojados en 24 horas; El Estado de derecho estaría fortalecido reforzando a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Justicia; Los españoles pagarían menos impuestos; Agricultores, pescadores y ganaderos tendrían una fiscalidad más baja; Las familias podrían conciliar mejor,” señaló Alicia García, portavoz del PP.
Por otro lado, la senadora del PSOE, Abigail Garrido, ha criticado al PP por llevar “al límite” el mecanismo del conflicto de competencias, recordando que cuando ocupaban cargos en la Mesa del Congreso emplearon tácticas similares a las que ahora censuran.
