QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Utilizando su mayoría en el Senado, el Partido Popular ha avanzado este miércoles en un conflicto de atribuciones con el Gobierno, que potencialmente podría culminar ante el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo es presionar al Ministerio de Hacienda para que presente de inmediato el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 ante las Cortes.
La sesión, marcada por un debate tenso y diversas intervenciones del presidente del Senado, Pedro Rollán, ha evidenciado la fricción entre el PP y el PSOE, principalmente por temas como las controversias judiciales del Gobierno o la ausencia de presupuestos en regiones gobernadas por el PP.
En respuesta, el Senado ha decidido adoptar este conflicto como propio y lo enviará al Gobierno, que tendrá un plazo de un mes para responder. Si la respuesta es negativa o no se produce, el Senado podrá decidir si eleva el asunto al Tribunal Constitucional.
Es una «obligación» constitucional
Según el documento del conflicto de atribuciones, el PP sostiene que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación constitucional del Gobierno de presentar presupuestos. Además, critica las prácticas de modificación presupuestaria fuera del marco parlamentario, calificándolas de «contrarias al principio de legalidad presupuestaria».
El PP compara la situación actual con la de 2020, cuando los presupuestos de 2018 se mantuvieron debido a la pandemia de COVID-19. Argumentan que no hay justificación para no presentar los presupuestos, a menos que no se haya alcanzado un acuerdo con otras fuerzas políticas. Finalmente, enfatiza que los motivos políticos no pueden justificar el incumplimiento de obligaciones constitucionales, impidiendo al Senado ejercer su función presupuestaria.
