QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP, ha destacado las diferencias entre las acusaciones que pesan sobre el PSOE y el caso que involucra al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, subrayando que en el caso de este último no se mencionan aspectos como prostitutas o colocación de amigas.
«Si hacemos un análisis amplio, yo creo que ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen», declaró Bravo en una entrevista en Antena 3, según Europa Press, refiriéndose a la imputación de Montoro, quien está acusado de favorecer a empresas de gases industriales durante su mandato.
Bravo reiteró varias veces su «respeto máximo a la justicia y a los fiscales» y pidió «dejarles trabajar», criticando al PSOE por no hacerlo. Recordó además que la causa contra Montoro había sido archivada anteriormente.
Asimismo, cuestionó al Gobierno actual por mantener las leyes supuestamente modificadas por Montoro, preguntando: «¿Son conscientes de que muchas de esas normas a día de hoy siguen vigentes? Entonces, si eran tan malas, ¿por qué hoy siguen vigentes?».
En contraposición a la gestión actual del Gobierno, Bravo destacó que lo realizado por Montoro «fue una ley de presupuestos, por lo que hemos conocido», que pasó «todos los controles internos dentro de la Administración», incluyendo informes del Consejo de Estado y siendo votado en el Congreso.
«Con lo cual, respetando, repito, el trabajo que hacen los jueces y fiscales, buscando que haya la máxima transparencia y claridad, exigiendo o pidiendo que se dote de los máximos recursos para que se pueda investigar cualquier cuestión que pueda generar la más mínima duda», concluyó Bravo.
Estas declaraciones se dan después de que un juez de Tarragona imputara a Montoro por presuntamente beneficiarse de su posición para aprobar leyes a favor de empresas de gases industriales, clientes de un bufete de abogados fundado por él antes de su cargo gubernamental, según un auto accesible a Europa Press.
En este caso están implicadas 28 personas y seis entidades jurídicas, acusadas de cometer siete delitos, incluyendo cohecho y fraude contra la administración pública.
