El Congreso de los Diputados ha tumbado este lunes, gracias a los votos de PP, Vox y UPN y con la abstención del PSOE, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a investigar "exhaustivamente y de forma independiente" en todo el Estado los abusos y malos tratos que habrían sufrido numerosos jóvenes durante el servicio militar obligatorio en las décadas de 1980 y 1990.
La iniciativa, registrada por Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG, aludía a "numerosos testigos" que en los últimos meses han descrito "situaciones sistemáticas de vejaciones, maltratos, acosos y agresiones físicas y psicológicas" contra reclutas en distintos cuarteles del país.
El texto también recogía "numerosas muertes" en "circunstancias no suficientemente aclaradas" y hacía referencia a más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001, año en que se dio por finalizada la 'mili', de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Defensa.
Las formaciones proponentes sostenían que estos episodios "no responden a episodios aislados, sino a una dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos".
Por este motivo, apelando a la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, reclamaban que esta figura iniciara actuaciones de oficio para esclarecer lo sucedido durante el servicio militar obligatorio en los años 80 y 90. Consideran "necesario" activar formalmente este cauce para "contribuir al esclarecimiento de los hechos, al reconocimiento de las víctimas y al impulso de medidas de reparación, promoviendo que el alcance estatal de la cuestión sea asumido por los órganos competentes".
En el transcurso del debate, el portavoz de ERC en la Comisión de Defensa, Francesc Marc Álvaro Vidal, relató el caso del cabo de teletipos de la Armada Juan Murcia Soriano, que se suicidó en 1987 durante el cumplimiento de la 'mili', y subrayó que su historia no es una excepción.
Asimismo, rechazó que la propuesta persiga "desprestigiar" al Ejército y defendió que lo que se reclama es "el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la necesidad de saber lo que ha pasado y conocer por qué determinados hechos se produjeron dentro de una institución del Estado con total impunidad".
En términos similares se manifestó el representante del PNV en la Comisión de Defensa, Mikel Legarda, quien afirmó que "todos conocen casos como el relatado" por Álvaro Vidal y denunció la ausencia de investigaciones en profundidad sobre esta "problemática". Por ello, calificó de "prudente y oportuno" que interviniera el Defensor del Pueblo.
El diputado de Junts Josep Pagès aprovechó su turno para cargar contra el PSOE, al que definió como "habitual colaborador, en algunos casos con entusiasmo, en el encubrimiento del franquismo" y reprochó a los socialistas que se opusieran en su día a la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre los abusos en la 'mili'. "Se aliaron ni más ni menos" que "con el PP y Vox", les echó en cara.
Por su parte, el vicepresidente segundo de la Comisión de Defensa y diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné, mencionó estimaciones que elevan a 1.900 los fallecidos durante el servicio militar obligatorio, y llamó la atención sobre posibles suicidios posteriores al paso por los cuarteles. Además, acusó al Ministerio de Defensa de, a su juicio, "mirar hacia otro lado".
Desde el PSOE, la portavoz adjunta en la Comisión de Defensa, Caridad Rives, expresó el respaldo de su grupo al fondo de la iniciativa, pero planteó que la investigación quedara exclusivamente en manos del Defensor del Pueblo, argumentando que ello reforzaría la "imparcialidad" del trabajo, como en el caso de las víctimas de abusos en la Iglesia.
Los socialistas registraron una enmienda en esa línea, que planteaba eliminar el resto de puntos del texto original. Al no prosperar su propuesta, optaron finalmente por la abstención.
Acusaciones de ataque político a las Fuerzas Armadas
Durante la discusión parlamentaria, el diputado del PP Carlos Alberto Sánchez cargó con dureza contra la proposición, a la que tildó de "ataque político" a las Fuerzas Armadas y de "una calumnia que busca desprestigiar" a la institución. A su juicio, "la narrativa de la vejación sistemática es falsa y exagerada" y el contenido le resultó "francamente ofensivo".
"Decir que el servicio militar obligatorio fue un común campo de concentración donde se abusaba sistemáticamente de miles de jóvenes es una distorsión histórica muy grave", abundó, lamentando el intento de "convertir" la 'mili' "en una caricatura de tortura sistemática".
En relación con las cifras incluidas en la iniciativa, el parlamentario 'popular' admitió que "existen", pero sostuvo que "están sacados de contexto" y, por ello, resultan "engañosos". Según explicó, los 1.900 fallecimientos "incluyen accidentes 'in itinere', accidentes en maniobra, entrenamientos con armas y vehículos y enfermedades".
"Mezclar armas y tragedias personales, problemas de salud mental previos y accidentes con una supuesta política de maltrato sistemático no busca la verdad: es fabricar un relato victimista", concluyó.
En una línea similar se pronunció el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa, el general Alberto Asarta, quien sostuvo que la propuesta no constituye "un ejercicio sincero de búsqueda de la verdad" sino "un relato político sesgado para intentar erosionar el prestigio" de las Fuerzas Armadas.
Aunque reconoció la posible existencia de casos puntuales, que Vox condena, criticó la voluntad de "convertir episodios concretos, muchos de ellos ya investigados en su momento, en una causa general".
Al igual que Sánchez, señaló la "hipocresía" de los grupos firmantes, a los que reprochó que "no han condenado con la misma contundencia a quienes asesinaron a militares, guardias civiles y servidores públicos" y que continúan sin reclamar el esclarecimiento de más de 300 asesinatos perpetrados por ETA. "La memoria no puede ser selectiva", remachó.