Sánchez amenaza a Ayuso con llegar al Constitucional tras rechazar ésta la creación en Madrid del registro de médicos objetores del aborto

Pedro Sánchez ha confrontado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtiéndole de su disposición a emplear todas las herramientas legales necesarias, incluso acudir al Tribunal Constitucional, para preservar el derecho al aborto. Esta reacción surge tras las declaraciones de Ayuso de este jueves en la Asamblea de Madrid en las que se negó a la creación de un registro de médicos objetores de conciencia al aborto en la comunidad, denominándolo “una lista negra de médicos”, a pesar de las exigencias del Gobierno central para que cumpla con la legislación vigente. La presidenta espetó: «No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar».

Ayuso no creará el registro de médicos objetores del aborto que le pide el Gobierno: “Váyanse a otro lado a abortar”

Agencias/Demócrata

“El Gobierno utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y si hace falta llegaremos hasta la Constitución y al Constitucional”, declaró Sánchez a través de un mensaje en la red social X.

En respuesta a la presidenta madrileña, Sánchez lamentó que esta actitud represente “la libertad que prometía Ayuso”, que implica, según él, “volver a los viajes clandestinos a Londres”, en referencia a épocas pasadas con menos derechos. “Al clasismo, al señalamiento. Volver 50 años atrás”, añadió, subrayando su compromiso de no permitirlo.

Tres meses para establecer el registro de objetores al aborto

Esta misma semana, Pedro Sánchez emitió un requerimiento formal a los líderes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, instándoles a implementar “con la mayor celeridad posible” el Registro de Personas Objetoras de conciencia al aborto, otorgándoles un periodo de tres meses desde la recepción de esta notificación para su realización.

De acuerdo con declaraciones a Europa Press por parte de fuentes gubernamentales, “en el caso de que, superados los tres meses desde la recepción de esta notificación, no se haya establecido, se procederá a la activación de los mecanismos legales necesarios para asegurar su cumplimiento”. 

Una exigencia normativa

Desde 2023, la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo exige que todas las comunidades autónomas cuenten con un registro de objetores, decisión que fue adoptada unánimemente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024 y cuya implementación es obligatoria. “La ausencia de este registro restringe de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental amparado por la ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales no puede ser una barrera para la atención sanitaria de las mujeres”, explican las mismas fuentes.